La estadística de carpetas de investigación es la fuente más citada y la más accesible para diagnosticar la seguridad de un condominio. En Puebla es también la que describe menos del siete por ciento del fenómeno, y por eso equivocarse con ella es tan fácil.
Este artículo usa la otra: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, que pregunta a los hogares en lugar de contar denuncias. Sus datos de victimización corresponden a 2024; los de percepción, al levantamiento de marzo y abril de 2025.
Cuatro cifras poblanas, y la asimetría que dibujan
35.4% de los hogares poblanos tuvo al menos una víctima de delito durante 2024. Son 667,444 hogares de un total estimado de 1,884,415. Más de uno de cada tres.
45.8% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad. Cuando la pregunta se hace sobre la entidad completa, la cifra sube a 78.2%.
93.5% de los delitos no llegó a denuncia ni a carpeta de investigación. Es la cifra oculta.
24.5% del gasto de los hogares a consecuencia del delito corresponde a medidas preventivas. El resto son pérdidas y daños ya ocurridos.
Leídas juntas dibujan una asimetría, y ahí está el hallazgo. La victimización corre alta y la cifra oculta más alta todavía, mientras que la fracción del gasto destinada a prevenir —24.5%— queda muy por detrás de la que se va en reparar el daño ya ocurrido. Pasa mucho, se denuncia poco, y se anticipa bastante menos de lo que se repara.
Qué hacer cuando el 93.5% de lo que pasó nunca se registró
Detengámonos en ese número, porque es el que rompe los métodos habituales.
La ENVIPE construye la cifra oculta sumando los delitos no denunciados, los denunciados sin carpeta de investigación y aquellos donde no se especificó, dividido entre el total. En Puebla ese cociente da 93.5%.
El complemento oficial: en 2024 se denunció 8.9% de los delitos, y de esas denuncias solo en 72.7% de los casos se inició carpeta.
Multiplica: de cada cien delitos ocurridos en Puebla, alrededor de seis y medio dejaron rastro en el sistema de procuración de justicia. Eso significa que cualquier mapa de incidencia construido con carpetas está describiendo una de cada quince cosas que pasaron.
Para un comité de condominio la consecuencia es directa. Si tu decisión de reforzar o no la vigilancia se apoya en “aquí no hay denuncias registradas”, estás usando un instrumento que en esta entidad ignora nueve de cada diez eventos. La bitácora interna de tu propio condominio, bien llevada, tiene más resolución que la estadística pública. Cómo estructurarla está en nuestra guía de bitácora digital.
Por qué no se denuncia, según las propias víctimas
La ENVIPE también pregunta el motivo, y la respuesta poblana no apunta al miedo.
Las dos razones principales son pérdida de tiempo, con 38.3%, y desconfianza en la autoridad. Ambas caen dentro de lo que la encuesta clasifica como causas atribuibles a la autoridad, junto con trámites largos y difíciles, miedo a la extorsión y actitud hostil.
Es un dato con efecto práctico sobre la operación de un condominio: si el residente promedio no denuncia porque considera que no vale el tiempo, tampoco va a reportar internamente un incidente menor a menos que reportar sea trivialmente fácil. Un protocolo de reporte que exija llenar un formato en la caseta y esperar al administrador va a capturar una fracción de lo que ocurre — y el comité va a operar con el mismo sesgo que tiene la estadística pública.
Lo que el delito le cuesta a un hogar poblano
La ENVIPE estima que en 2024 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares poblanos fue de 22 mil millones de pesos, equivalentes a un promedio de $8,531 por persona afectada.
De ese total, 24.5% corresponde a medidas preventivas y el resto a pérdidas materiales, gastos derivados y daños en salud.
Ese 24.5% merece una lectura cuidadosa. No es un indicador de gasto excesivo en seguridad: es la proporción del daño económico que se destinó a evitarlo en lugar de a repararlo. En Querétaro esa proporción llega a 39.8%. En Puebla, con más victimización, es quince puntos menor.
Y hay un matiz metodológico que conviene tener presente: la ENVIPE contabiliza como medida preventiva del hogar cosas como cambiar puertas o ventanas, poner rejas o bardas, colocar cerraduras o candados, instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros o mudarse. Es decir, la cuota de vigilancia que paga un condominio entra en esta cuenta.
Lo que la inseguridad ocupa en la conversación pública
La ENVIPE 2025 estima que 67.9% de la población poblana de 18 años y más considera la inseguridad el problema más importante que aqueja hoy a su entidad. El segundo lugar, muy por detrás, es la escasez de agua con 35.1%.
Es decir: la inseguridad ocupa casi el doble de espacio que la siguiente preocupación. En una asamblea de condominio esto se traduce en una dinámica reconocible —la discusión de seguridad absorbe el orden del día completo— y en un riesgo igual de reconocible: decidir por presión ambiental en lugar de por diagnóstico.
Un contrapeso útil del mismo estudio: 38.8% de la población poblana declaró sentirse segura al caminar sola por la noche en los alrededores de su vivienda. No es una cifra alta, pero muestra que la percepción varía mucho según la escala de la pregunta —entorno inmediato, colonia, entidad—. Un condominio decide sobre la escala más pequeña de todas, y ahí la percepción general del estado es un mal proxy.
El límite del dato público: dónde se acaba y qué se inventa después
Conviene ser honestos sobre los límites. La ENVIPE es representativa a nivel entidad federativa y para 34 áreas urbanas de interés. No hay dato por colonia, por fraccionamiento ni por condominio.
Nada en la estadística pública te va a decir cuántos accesos no controlados tiene tu perímetro, cuántas entregas de paquetería recibes al día, cuántos visitantes recurrentes circulan sin registro, si tus cámaras cubren los puntos de acceso reales o si la bitácora de la caseta registra lo que ocurre. Todo eso se levanta en sitio, y es lo que determina el diseño.
La ENVIPE sirve para dimensionar el contexto y para calibrar expectativas. No sustituye un análisis de riesgos del inmueble.
Cómo llevar estos números a una asamblea
Tres traducciones que funcionan mejor que la cifra sola:
En lugar de citar el 35.4% como advertencia, úsalo como referencia de base: es el promedio estatal de hogares con al menos una víctima en un año, y sirve para preguntar cuántos eventos registró el condominio en el mismo periodo. Si tu registro está muy por debajo, la pregunta no es si eres afortunado: es si estás registrando.
En lugar de discutir si “aquí hay o no hay delincuencia”, plantea el 93.5% de cifra oculta y propón que el condominio construya su propia serie con la bitácora. Es el único dato con resolución suficiente para tu decisión.
La ley de condominios poblana faculta expresamente a la asamblea sobre vigilancia, y el contexto regulatorio completo se recorre en la guía estatal de Puebla.
Y en lugar de defender el presupuesto de seguridad como gasto, sitúalo dentro del 24.5%: es la fracción del costo del delito que un hogar destina a evitarlo. La comparación relevante no es contra cero, es contra el costo de reparar.
Y para cerrar, vuelve al punto de partida. La estadística de carpetas —la fuente más citada, la más accesible, la que casi siempre llega a la asamblea— describe en Puebla menos del siete por ciento de lo que efectivamente pasó. Es una fuente legítima; simplemente no es la fuente. Si el condominio va a decidir con datos, y debería, que decida sabiendo cuál de ellos mira el fenómeno completo y cuál mira solo la punta.
Fuentes: ENVIPE 2025, INEGI — Principales Resultados, Puebla (septiembre de 2025). Datos de victimización referidos a 2024; percepción levantada entre marzo y abril de 2025. Cifras comparativas de Jalisco y Querétaro tomadas de las ediciones estatales correspondientes de la misma encuesta.
