Si tu empresa tiene planta en El Salto, oficinas en Guadalajara y un centro de distribución en otro estado, hay una pregunta que probablemente nadie te ha hecho en la última renovación de contrato: ¿tu proveedor de seguridad tiene autorización en cada una de esas entidades?
Hasta hace poco la respuesta podía ser “tiene la federal, con eso basta”. Desde 2025 ya no.
Lo que cambió, y por qué casi nadie lo está diciendo
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en el Diario Oficial el 16 de julio de 2025 es una ley nueva, no una reforma: abroga la de 2009. Su Título Décimo regula los servicios de seguridad privada, y el artículo 122 dice, en su texto literal:
I. En caso de que los servicios de seguridad privada se presten en una sola entidad federativa, se deberá obtener la autorización de la entidad local de que se trate, o
II. Para el caso de que los servicios de seguridad privada se presten en dos o más entidades federativas, se deberá obtener tanto la autorización de la entidad local de que se trate como la de la Secretaría.
La fracción II es el cambio. “Tanto como”, no “o”.
Bajo la lectura tradicional del artículo 1 de la Ley Federal de Seguridad Privada, el esquema se leía como excluyente: si operabas en dos o más estados, ibas por la federal. Ahora la ley general exige las dos, y la local de cada entidad donde prestes servicio.
Una empresa con sedes en Jalisco y Nuevo León necesita tres autorizaciones. Con sedes en cinco estados, seis.
El último párrafo del mismo artículo añade una protección que conviene conocer: para obtener las autorizaciones, locales o federal, no se podrán exigir más requisitos que los previstos en la normativa que regule la materia. Acota la discrecionalidad.
Y el artículo 124 establece la obligación de compartir con el Secretariado Ejecutivo los datos de registro de personal y equipo, más información estadística.
Por qué esto no está en el radar de casi nadie: el sector sigue publicando guías tituladas “Ley Federal de Seguridad Privada 2026” que describen un texto que no se reforma desde el 17 de octubre de 2011. Quince años. El cambio real de la década ocurrió en una ley distinta, la general de 2025, y prácticamente ningún proveedor lo está explicando a sus clientes corporativos.
Jalisco ya lo exigía por su cuenta
Aquí está lo interesante: para Jalisco esto no es nuevo. El artículo 231 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado ya obligaba a quien tuviera autorización federal y operara en la entidad a registrarse ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública y refrendar ese registro anualmente.
Querétaro tenía una disposición equivalente en el artículo 54 de su reglamento. Es decir: la ley general de 2025 no inventó el régimen acumulativo, lo generalizó.
Y en Jalisco ese registro tiene las particularidades que documentamos en la guía de autorización estatal: lo aprueba un Consejo por mayoría de dos tercios, no una dirección; y se refrenda el 31 de enero de cada año, fecha fija de calendario.
Para un corporativo con sede en Guadalajara, eso se traduce en una verificación anual muy concreta: cada febrero, pedir el comprobante de refrendo del proveedor.
La exposición real de la empresa contratante
Vale la pena ser preciso sobre dónde está el riesgo, porque no está donde la mayoría cree.
No es una multa directa al contratante. La normativa sanciona al prestador que opera sin autorización.
Es todo lo demás:
Continuidad operativa. Si la autoridad estatal suspende a tu proveedor por operar sin registro local, tus casetas se quedan sin personal el mismo día. En una planta con turnos, eso es una parada.
Cobertura de seguros. Las pólizas suelen condicionar la cobertura al cumplimiento normativo del prestador de servicios. Un siniestro con un proveedor irregular es una discusión que no quieres tener con el ajustador.
Cadena de responsabilidad laboral. El régimen de subcontratación posterior a la reforma de 2021 exige verificar el cumplimiento del prestador. Un proveedor que no está autorizado para operar en una entidad rara vez tiene en orden lo demás.
Auditoría y compliance. Para una empresa con matriz extranjera, con certificaciones ISO o con procesos de debida diligencia, un proveedor sin autorización local es un hallazgo. Y los hallazgos escalan.
Cinco preguntas para la próxima reunión con tu proveedor
Cinco preguntas concretas para la próxima reunión con tu proveedor:
- ¿En qué entidades tienes autorización local vigente? Que te dé la lista, no una declaración general. Contrástala contra el mapa real de tus sedes.
- ¿Tienes autorización federal de la DGSP? Si operas en dos o más estados, la necesitas además de las locales.
- En Jalisco, ¿refrendaste el 31 de enero de este año? Comprobante y pago de derechos.
- ¿Estás registrado ante el Escudo Urbano C5 y libre de sanciones en los últimos seis meses? Aplica si presume integración tecnológica con la autoridad estatal — es el artículo 201, fracciones I y IV, de la ley jalisciense.
- Cuando abramos una sede nueva, ¿cuánto tardas en tener autorización en esa entidad? La respuesta te dice si tu proveedor puede acompañar tu crecimiento o si vas a tener un hueco de cumplimiento cada vez que abras un sitio.
Un detalle que conviene incorporar al contrato: la cláusula de notificación en cinco días hábiles ante cualquier cambio de estatus regulatorio del proveedor. Es barata de negociar antes de firmar y muy cara de no tener después.
No ponemos guardias en Jalisco: revisamos expedientes y pliegos
No prestamos servicio de guardias en Jalisco. Nuestra operación con personal propio es la Ciudad de México y el Estado de México, y no vamos a decirte lo contrario para ganar una conversación.
Lo que sí hacemos, y lo hacemos desde el año 2000 en el sector residencial y corporativo de la Zona Metropolitana del Valle de México:
- Revisión del expediente regulatorio de proveedores en cualquier entidad, contra el marco que aplica en cada una.
- Diseño del pliego de condiciones para licitar seguridad multisede, con criterios homologados.
- Auditoría documental del servicio contratado: constancias DC-3, altas de IMSS, pólizas, bitácoras.
- Protocolos y consultoría para homologar el estándar operativo entre sedes de distintos estados, que es el problema real de la mayoría de los esquemas multisede: cinco sedes, cinco proveedores, cinco formas distintas de registrar un incidente.
Puedes ver cómo trabajamos eso en protocolos y consultoría, análisis de riesgos y auditorías documentadas. Y si lo que buscas es entender el marco completo de Jalisco antes de tu próxima renovación, empieza por la guía del estado.
Ese último punto es donde más valor hemos visto. Las empresas con presencia en varios estados no suelen tener un problema de proveedor: tienen un problema de falta de estándar común. El comité de una planta no lee el mismo reporte que el de la oficina corporativa, y nadie puede comparar.
Si de esta lectura va a quedar una sola decisión por escrito, que no sea sobre el proveedor: que sea sobre ustedes. Definan en un documento interno de una página qué cuenta como incidente, cómo se registra, quién lo firma y en cuánto tiempo escala, y háganlo obligatorio para todas las sedes antes de la siguiente licitación. Cambiar de proveedor se puede hacer en un trimestre; recuperar dos años de bitácoras que cada sede llenó a su manera, no.
Fuentes: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, DOF 16-07-2025 (arts. 122, 123 y 124); Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco (arts. 201, 227 y 231); Ley Federal de Seguridad Privada (última reforma 17-10-2011). Este artículo describe el marco normativo y no sustituye asesoría legal sobre un caso concreto.
