Un renglón de cotización que dice “fianza de $1,575,200” puede mezclar tres cifras incompatibles: el monto garantizado que ordena la Ley, la prima que cobra una afianzadora y una cuota mensual atribuida al condominio. En Chiapas, solo la primera está fijada por norma. Separarlas evita que una obligación legal real aparezca como un cargo inevitable que nadie explicó.
La fianza tiene una cifra legal, pero no es el precio de la póliza
El artículo 25, fracción III, de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas obliga al solicitante cuya autorización resultó procedente a exhibir, en los diez días hábiles posteriores a la notificación, una fianza a favor de la Secretaría de Hacienda estatal. La garantía debe durar un año desde la fecha de autorización y no puede cancelarse sin autorización de la beneficiaria.
“por un monto equivalente a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Estado”.
— Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas, art. 25, fr. III
La resolución de la CONASAMI para 2026 fija el salario mínimo general en $315.04 diarios desde el 1 de enero. La Zona Libre de la Frontera Norte se enumera por municipios y no incluye municipios chiapanecos; por ello, la operación legal para 2026 es 5,000 × $315.04 = $1,575,200.
Esa cantidad es la suma afianzada, es decir, el límite de la garantía que el artículo exige. No permite deducir la prima que pagó el proveedor a la institución afianzadora: esa prima depende de su evaluación, condiciones y contrato, y la fuente oficial no publica una tarifa uniforme. Tampoco permite repartir automáticamente $1,575,200 entre los condominios de su cartera ni añadirlo como si fuera un gasto mensual propio de un solo acceso. Si se incluye una partida por fianza, el comité puede pedir que se identifique como costo de cumplimiento, con vigencia, documento de respaldo y método de asignación; no como una cifra presentada sin soporte.
El puesto que opera sin parar se calcula por horas y relevos
La fianza no sustituye la nómina necesaria para mantener una caseta abierta. Un puesto 24/7 comprende 168 horas semanales. En 2026, el régimen transitorio conserva una jornada de 48 horas; la división 168 entre 48 da 3.5 elementos por puesto continuo como mínimo aritmético de cobertura. Con el mínimo mensual oficial de $9,582.47, esas 3.5 nóminas representan $33,538.65 mensuales de salario nominal mínimo, antes de prestaciones, cuotas, uniformes, equipo, supervisión o administración.
No es una cotización de mercado ni un precio que se pueda trasladar sin más al contrato. Es una comprobación del supuesto de personal: una propuesta para cobertura continua debe decir cuántas personas presupuestó, qué jornada considera y quién cubre descansos, vacaciones, incapacidades y ausencias. Un solo nombre en el rol no cubre esas contingencias.
El decreto federal de reducción gradual de la jornada confirma que la transición no salta de 48 a 40 horas: conserva 48 en 2026 y fija 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, con cambios cada 1 de enero. Para el mismo puesto continuo, el factor pasa aproximadamente de 3.5 a 3.65, 3.82, 4.0 y 4.2 elementos. La proyección futura debe separar ese cambio de plantilla de cualquier aumento salarial futuro, que este cálculo no anticipa.
Las obligaciones laborales no caben en un porcentaje genérico
Además del salario, la empresa empleadora debe presupuestar prestaciones. La Ley Federal del Trabajo reconoce un periodo anual de vacaciones pagadas no menor de doce días laborables después del primer año de servicios (artículo 76), prima vacacional de al menos 25% (artículo 80) y aguinaldo anual de por lo menos quince días de salario, pagadero antes del 20 de diciembre (artículo 87).
También hay obligaciones de seguridad social con bases que varían según la relación laboral. La Ley del Seguro Social ordena a la persona empleadora registrar e inscribir a su personal, comunicar movimientos y determinar y enterar las cuotas obrero-patronales (artículo 15). El importe no se reduce responsablemente a una tasa idéntica para toda empresa: cambia, entre otros elementos, con el salario base de cotización y la prima de riesgo. Por eso un porcentaje fijo de “cargas” sin explicar su base da una precisión que la fuente no respalda.
El uniforme, el equipo de comunicación, la supervisión y los relevos son partidas operativas distintas de esas obligaciones. No hay una fuente pública que fije para cada una un importe aplicable a todo condominio chiapaneco. El presupuesto puede incluirlas, pero debe declarar su alcance: cuántos uniformes por persona, qué equipo se asigna al puesto, cada cuándo se repone y qué personal de supervisión queda disponible.
El costo de cumplir también deja evidencia que se puede revisar
Para Chiapas, el proveedor autorizado debe capacitar a su personal operativo conforme a la modalidad (Ley, artículos 28 y 31, fracción III) y registrar ante la Secretaría del Trabajo los planes y programas de capacitación, entregando después un ejemplar a la Secretaría para seguimiento (artículo 30). Además, debe practicar cada año exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo; el Reglamento de la Ley indica que se realizan a través del Instituto por lo menos una vez al año (artículo 14, fracción III).
Esas obligaciones no autorizan al condominio a pedir resultados clínicos ni expedientes personales. Sí justifican requerir evidencia no sensible de que el proveedor conserva la documentación aplicable y de que la cotización contempla su administración. La guía regulatoria de Chiapas reúne la vigencia anual de la autorización, el plazo de revalidación y el alcance del registro estatal que conviene cotejar con el contrato.
SEPRICO no opera con guardias propios en Chiapas. Este contenido sirve para revisar propuestas de proveedores locales antes de que la Asamblea comprometa el presupuesto.
La cifra del inicio se resuelve en el expediente, no al dividirla entre mensualidades. El acta puede dejar constancia de la vigencia de la fianza y aprobar por separado el cálculo de plantilla y las partidas de cumplimiento. Así quedan diferenciados el monto garantizado por la Ley, la prima que no se puede inferir y el costo de operar el puesto.
Fuentes oficiales: Resolución de salarios mínimos generales y profesionales 2026, DOF 09-12-2025; Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas, Decreto 296, Periódico Oficial 073, Tomo III, 11-12-2013 (arts. 25, 28, 30 y 31); Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas, publicación 749-A-2014, Periódico Oficial 151, segunda sección, 26-11-2014 (art. 14, fr. III); Decreto de reducción gradual de la jornada laboral, DOF 01-05-2026, transitorios primero a tercero; Ley Federal del Trabajo, arts. 76, 80 y 87; Ley del Seguro Social, art. 15. Consulta de fuentes primarias: 01-09-2026.
