Hay una forma perezosa de escribir sobre seguridad: tomar la nota más alarmante del mes y usarla como argumento de venta. Y hay otra, más lenta, que consiste en ir a la fuente oficial, leer la metodología y decir qué significa realmente cada número.
Esta guía hace lo segundo con Jalisco. Todas las cifras vienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, cuyo levantamiento de percepción se hizo entre marzo y abril de 2025 y cuyos datos de victimización corresponden a 2024. Esa distinción importa y volveremos a ella.
Las cuatro cifras de Jalisco
29.7% de los hogares jaliscienses tuvo al menos una víctima de delito durante 2024.
Casi tres de cada diez. Y conviene leerlo bien: es hogares, no personas, lo que la vuelve la métrica más cercana a la unidad que administra un condominio.
37.2% de la población adulta considera inseguro vivir en su colonia o localidad.
Este dato es de percepción, levantado a inicios de 2025. Para contexto nacional: el extremo alto lo tiene Morelos con 90.1% y el bajo Baja California Sur con 37.4%. Jalisco está en la zona baja de la tabla — algo que rara vez aparece en las notas sobre el estado.
La tasa de victimización es de 24,214 víctimas por cada 100 mil habitantes (24,591 hombres, 23,837 mujeres).
91.7% de los delitos cometidos no derivó en denuncia ni en carpeta de investigación.
Esta es la cifra que más debería cambiar cómo tomas decisiones, y la explicamos abajo.
22.1% del gasto de los hogares por costos del delito se fue en medidas preventivas.
Por qué el 91.7% invalida la forma en que la mayoría decide
Existen dos maneras de medir el delito en México, y confundirlas produce decisiones malas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica mensualmente las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías, con desglose estatal y municipal. Es un dato administrativo: mide denuncias.
La ENVIPE pregunta directamente a los hogares qué les pasó, hayan denunciado o no. Mide victimización.
En Jalisco, la brecha entre ambas es de 91.7%. Es decir: por cada delito que llega a una carpeta, hay más de diez que no.
Consecuencia práctica: un comité que decide su presupuesto de seguridad mirando solo la estadística oficial de denuncias está trabajando sobre menos del 10% del fenómeno. Y peor: los delitos que menos se denuncian son precisamente los que más afectan la vida de un condominio — el robo sin violencia, el robo de autopartes, la sustracción de paquetería. Nadie levanta una carpeta por un espejo retrovisor.
La conclusión no es que las cifras oficiales sirvan de poco. Es que hay que citar las dos y explicar la diferencia. Un proveedor que solo te muestra la que le conviene está armando un argumento, no un diagnóstico.
El dato que legitima la vigilancia privada, y viene del Estado
Hay una pregunta en el cuestionario de la ENVIPE que casi nadie cita y que vale la pena conocer.
La pregunta 4.11 indaga qué medidas tomó el hogar para protegerse de la delincuencia. Entre las opciones que el INEGI registra formalmente están:
- Cambiar o reforzar puertas o ventanas
- Cambiar, colocar o reforzar cerraduras y candados
- Colocar o reforzar rejas o bardas
- Instalar alarmas y videocámaras de vigilancia
- Contratar vigilancia privada en la calle o colonia
- Realizar acciones conjuntas con los vecinos
La opción 05 es literal: contratar vigilancia privada en la calle o colonia. El Estado mexicano mide oficialmente la contratación de vigilancia privada como medida de protección del hogar.
Eso permite un encuadre que no depende de vender miedo: la seguridad privada residencial no es un lujo ni una reacción emocional, es una de las respuestas que la estadística nacional reconoce y cuantifica. A nivel nacional, el costo total de las medidas preventivas de los hogares se estimó en 91.8 mil millones de pesos.
Una precisión de honestidad: el INEGI no publica el desglose por entidad de cada medida individual. No podemos decirte qué porcentaje de hogares jaliscienses instaló alarmas o contrató vigilancia — ese dato existe en la encuesta pero requiere procesar los microdatos, y no vamos a publicar una cifra que no podemos citar. Lo que sí está publicado por entidad es el 22.1% de participación de las medidas preventivas en el gasto por costos del delito.
Lo que ninguna fuente oficial mide
Para que no te lo vendan:
| Lo que quizá te digan | La realidad |
|---|---|
| ”Delitos ocurridos en condominios de Jalisco” | Ninguna fuente oficial lo mide. Ni ENVIPE ni el SESNSP tienen la categoría “condominio" |
| "% de condominios de Jalisco con vigilancia contratada” | No existe. La ENVIPE mide hogares, no condominios |
| ”Viviendas en régimen de condominio por estado” | El Censo mide clase de vivienda —“departamento en edificio”— no régimen de propiedad condominal |
| ”Gasto promedio de un condominio en seguridad” | La ENIGH no desglosa cuotas de administración ni servicios de vigilancia |
Si una propuesta comercial incluye alguna de estas cifras con aire de dato duro, pregunta por la fuente. No la va a tener.
ENVIPE, SESNSP, ENSU y Censo: qué mide cada una y cada cuándo se actualiza
Para un comité que quiere seguir el tema con seriedad, hay cuatro fuentes oficiales y cada una tiene su ritmo:
ENVIPE (INEGI) — anual, se publica en septiembre. Es la mejor foto de victimización real. La edición 2025 refiere datos de 2024; la 2026 debería salir en septiembre de este año, así que este panorama se actualizará entonces.
SESNSP — mensual, con desglose municipal. Aquí está el indicador ancla para vivienda: robo a casa habitación, además desagregado en con violencia y sin violencia. Esa distinción es operativamente útil: el robo sin violencia se previene con control de acceso; el violento con presencia y respuesta.
ENSU (INEGI) — trimestral, por ciudad. Es lo más fresco que hay. En su edición de junio de 2026, a nivel de las 91 áreas urbanas del país, 46.0% de la población reportó haber atestiguado robos o asaltos en su entorno y 37.8% vandalismo. Y un dato que conviene tener presente: el desempeño efectivo percibido de la policía municipal fue de 50.7%, el más bajo de todas las autoridades. Es un argumento oficial —no comercial— para la seguridad complementaria.
Censo de Población y Vivienda (INEGI) — decenal. Su variable de clase de vivienda permite dimensionar la vivienda vertical de la entidad, con la advertencia de que “departamento en edificio” es un proxy, no un censo de condominios.
Cómo se traduce esto a decisiones de condominio
Tres lecturas concretas para Jalisco:
El perímetro pesa más que la caseta en el poniente. El coto cerrado horizontal de Zapopan tiene metros de barda y varios accesos; la ENVIPE no lo dice, pero la tipología manda: ahí el rondín documentado hace más que un guardia sentado.
En la torre vertical el problema es el flujo, no el muro. Puerta de Hierro y desarrollos similares concentran el riesgo en la interacción: paquetería, visitantes recurrentes, estacionamiento de varios niveles. Es control de acceso y bitácora, no perímetro.
La ocupación intermitente cambia todo. En la ribera de Chapala y la costa hay fraccionamientos de segunda residencia con casas vacías entre semana. El robo a casa habitación sin violencia —el que casi nunca se denuncia— es el escenario dominante ahí, y el esquema de vigilancia debería reflejarlo.
Para un diagnóstico serio, la herramienta es el análisis de riesgos con levantamiento en sitio, no la extrapolación de una estadística estatal. Los números de esta página sirven para dimensionar el contexto y para argumentar en asamblea, no para diseñar un esquema.
Para la próxima asamblea, tres preguntas ordenan la discusión mejor que cualquier cifra de esta página. ¿Cuántos incidentes registró nuestra bitácora en los últimos doce meses, y quién los anotó? ¿A cuál de las tres tipologías se parece de verdad nuestro inmueble, y coincide con el esquema que estamos pagando? ¿Y cada dato que alguien traiga a la mesa viene con fuente y año, o viene suelto? Las tres se responden antes de la convocatoria, no durante.
Fuentes: ENVIPE 2025, INEGI (ficha de Jalisco, datos de victimización referidos a 2024, percepción levantada marzo-abril 2025); ENSU junio 2026, INEGI; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos abiertos de incidencia delictiva; Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.
