Guanajuato aparece en la ENVIPE 2025 entre las tres entidades con mayor percepción de inseguridad del país. Y aparece, en la misma encuesta y el mismo año, por debajo del promedio nacional en hogares con víctima, en tasa de victimización y en cifra oculta. Las dos cosas son ciertas, las publica la misma institución el mismo día, y confundirlas es la manera más común de comprar el esquema de seguridad equivocado.
La cifra que llegó a los titulares, y qué mide exactamente
El dato es 88.5%: el porcentaje de la población de 18 años y más que, entre marzo y abril de 2025, consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro por la delincuencia. Es el tercer porcentaje más alto del país, detrás de Morelos (90.1%) y Tabasco (89.8%). El promedio nacional fue de 75.6%.
Lo que hay que subrayar es la escala de la pregunta. La ENVIPE pregunta por la entidad, no por la colonia. Es una percepción sobre un territorio de 46 municipios que la mayoría de las personas no recorre, construida en buena medida con lo que se lee, se escucha y se comenta. Es un dato real y relevante —mide cómo se siente vivir aquí—, pero no es una medida de riesgo en tu calle.
Porque la misma encuesta pregunta por la calle. Y ahí, en Guanajuato, 47.5% considera que vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad, es inseguro.
Cuarenta y un puntos entre el estado que se imagina y la colonia que se habita
88.5% contra 47.5%. Cuarenta y un puntos de distancia entre dos preguntas de la misma encuesta, hechas a las mismas personas, en la misma visita.
Esa brecha es el hallazgo central del panorama guanajuatense, y tiene una consecuencia directa sobre el diseño de un esquema de seguridad. Un comité que discute su presupuesto con la cifra de 88.5% en la cabeza está tratando de protegerse de un estado entero: tiende a comprar presencia visible, más elementos, más horas, más equipo, porque el miedo que está atendiendo no cabe en un perímetro. Un comité que trabaja con el 47.5% —que sigue siendo alto, y siete puntos por encima del 40.5% nacional— puede hacer la pregunta útil: ¿qué pasa realmente en mi manzana, en mi acceso, en mi estacionamiento?
Ninguna de las dos cifras es la “buena”. La primera explica el clima; la segunda es la que se puede intervenir.
Las otras tres, y todas apuntan en dirección contraria
Aquí es donde el retrato deja de parecerse al titular.
Hogares con al menos una víctima: 26.2%. Son 468,973 hogares de 1,789,561 estimados en el estado, durante 2024. El promedio nacional fue de 29.0%.
Tasa de victimización: 20,490 víctimas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más. La nacional fue de 24,135. En el cuadro por entidad, Guanajuato pasó de 19,420 en 2023 a 20,490 en 2024: un aumento de 5.5%, que sigue dejándolo por debajo del país.
Cifra oculta: 90.7%. Es el porcentaje de delitos en los que no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación. La nacional fue de 93.2%. Dicho al derecho: en Guanajuato se denunció el 11.9% de los delitos frente al 9.6% nacional, y de esas denuncias el Ministerio Público abrió carpeta en 77.9% de los casos, contra 70.5% nacional.
Nada de esto significa que Guanajuato sea un estado tranquilo. Significa algo más preciso y más útil: la percepción corre muy por delante de la victimización medida, y el sistema de denuncia, dentro de su nivel general de subregistro, funciona algo mejor que el promedio del país. Son dos afirmaciones que se pueden sostener con el PDF estatal del INEGI en la mano.
El 90.7% no es una buena noticia por ser menor que el nacional
Conviene no hacer trampa con la comparación. Que la cifra oculta guanajuatense sea 2.5 puntos menor que la nacional no cambia el orden de magnitud: nueve de cada diez delitos cometidos en el estado durante 2024 no llegaron a una carpeta de investigación.
Y esto es lo que le hace a la toma de decisiones de un condominio. Cualquier diagnóstico basado exclusivamente en estadística de denuncias —los reportes de incidencia que publican las fiscalías, los mapas de delitos por colonia, el “en esta zona no pasa nada” que aporta un asesor— está trabajando con menos del 10% del fenómeno. No porque el dato sea falso, sino porque es un censo de lo que se denunció, no de lo que ocurrió.
Las propias víctimas explican por qué. En Guanajuato, la primera razón para no denunciar fue pérdida de tiempo, con 36.7%, y la segunda desconfianza en la autoridad, con 13.6%: ambas atribuibles a la autoridad. El corolario práctico es que la bitácora interna de tu condominio, si se lleva bien, es una fuente de información que ninguna base pública puede sustituir. Cada intento de acceso irregular, cada merodeo, cada faltante en un estacionamiento que nadie denunció es exactamente el tipo de evento que vive dentro de ese 90.7%.
Irapuato 91.2, León 70.8, capital 58.2: la misma entidad
La ENVIPE mide entidades. Para ver ciudades hay que ir a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que el INEGI levanta cada trimestre en 91 áreas urbanas.
En la ENSU de junio de 2026, el porcentaje de población de 18 años y más que consideró inseguro vivir en su ciudad fue:
Irapuato, 91.2%. El más alto de las 91 áreas urbanas del país ese trimestre. En marzo de 2026 había sido 92.1%, y en junio de 2025, 85.8%.
León, 70.8%. Venía de 76.2% en marzo de 2026 y de 80.3% en junio de 2025. La tendencia va a la baja, aunque el nivel siga muy por encima del promedio.
Guanajuato capital, 58.2%. Bajó casi quince puntos respecto de marzo de 2026 (73.1%), con cambio estadísticamente significativo, y venía de 71.0% en junio de 2025.
El promedio de las 91 ciudades fue 59.8%. Es decir: en el mismo estado y el mismo trimestre conviven la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país y una capital que está prácticamente en el promedio nacional. “La percepción de inseguridad guanajuatense”, en singular, no existe.
Hay un segundo indicador de la misma ENSU que conviene leer junto al primero, porque va en sentido contrario. La proporción de población que experimentó conflictos o enfrentamientos en el segundo trimestre de 2026 fue de 41.1% en León y 39.4% en la capital —ambos con cambio significativo al alza respecto del trimestre previo, y en línea con el 40.2% nacional—, frente a 18.3% en Irapuato, menos de la mitad del promedio del país. La ciudad con la percepción más alta del país reporta la menor incidencia de conflictos de las tres. Percepción y experiencia no se mueven juntas, y un diagnóstico serio tiene que sostener las dos lecturas a la vez.
Lo que la ENSU no cubre: Celaya, Silao, San Miguel
Este es el límite de método que casi nadie declara. De las 91 áreas urbanas del panel de la ENSU, sólo tres están en Guanajuato: León, la capital e Irapuato.
No están Celaya. No están Salamanca, Silao de la Victoria, Villagrán, Apaseo el Grande ni San José Iturbide. No está San Miguel de Allende.
Traducido: buena parte del corredor automotriz del estado y todo su mercado de segunda residencia y turismo residencial carecen de medición urbana trimestral de percepción. Si alguien te presenta una cifra de percepción de inseguridad para Celaya o para San Miguel de Allende, no la sacó de la ENSU. Puede venir de una encuesta privada, de una extrapolación estatal o de ningún lado; en cualquiera de los tres casos, la pregunta correcta es ¿de dónde sale ese número? antes de discutir qué hacer con él.
El 38.6% que los hogares guanajuatenses ya están pagando
La ENVIPE también estima costos. Para 2024, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares de Guanajuato fue de 10.1 mil millones de pesos, equivalentes a un promedio de $5,360 por persona afectada —por debajo de los $6,226 nacionales—.
Y dentro de ese monto, 38.6% correspondió a medidas preventivas: cambio de cerraduras y candados, cambio de puertas o ventanas, instalación de alarmas, contratación de vigilancia privada en la calle o colonia, seguros, y cambios de hábitos con costo.
Ese porcentaje es el dato más subestimado del panorama. Dice que casi cuatro de cada diez pesos que la inseguridad le cuesta a los hogares guanajuatenses ya se están gastando en prevención, casi siempre de manera individual, descoordinada y sin diagnóstico: cada casa con su cerradura, su reja, su cámara y su alarma. Para un comité, la conversación deja de ser “¿gastamos o no gastamos en seguridad?” —el gasto ya existe, disperso— y pasa a ser si conviene consolidar ese gasto en un esquema común que cubra el perímetro, el acceso y las áreas comunes.
Dos datos complementarios ayudan a orientarlo. En Guanajuato, el espacio donde la población se sintió más insegura fue el cajero automático en vía pública, con 78.6%; el espacio donde se sintió menos insegura fue su propia casa, con 19.2%. Y 71.5% considera la inseguridad el problema más importante del estado, casi el doble que el segundo lugar, la salud, con 29.3%.
Qué decisión aguanta cada cifra
Ninguna de estas cifras, por sí sola, justifica un esquema de seguridad. Cada una aguanta un tipo distinto de decisión, y conviene no forzarlas:
El 88.5% aguanta una conversación con los residentes sobre el clima general del estado. No aguanta un presupuesto.
El 47.5% de percepción en la colonia y la ENSU de tu ciudad, si tu ciudad está medida, aguantan una comparación en el tiempo: sirven para saber si el entorno se está moviendo, y en qué dirección. Se actualizan cada trimestre la ENSU, cada septiembre la ENVIPE.
El 26.2% de hogares con víctima y la tasa de 20,490 aguantan una estimación de exposición: en un condominio de cien hogares, la escala del fenómeno se vuelve dimensionable.
El 90.7% aguanta una decisión de método: llevar bitácora propia, auditarla, y no delegar el diagnóstico a la estadística de denuncias.
El 38.6% aguanta una decisión presupuestal: ordenar y consolidar un gasto preventivo que en la mayoría de los condominios ya existe, disperso entre los residentes.
Y lo que ninguna cifra oficial cubre —la tipología del inmueble, el patrón de ocupación entre semana, los turnos de planta que entran y salen de madrugada, la rotación de huéspedes en un condominio sanmiguelense— sigue siendo trabajo de diagnóstico, no de encuesta.
Un último dato que reencuadra todo lo anterior: de las ciudades del estado, solo tres entran en la medición urbana trimestral del INEGI. El corredor industrial completo y el mercado de segunda residencia quedan fuera de esa muestra. No significa que ahí no se mida nada — significa que cualquier afirmación sobre esas plazas se apoya en el dato estatal, que promedia realidades muy distintas.
Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, resultados de Guanajuato y comunicado de prensa 127/25, con datos referidos a 2024 y levantamiento de percepción de marzo-abril de 2025; INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), segundo trimestre de 2026.
