Baja California Sur suele aparecer en la parte baja de las tablas nacionales de percepción de inseguridad, y esa posición se cita mucho en las asambleas. Antes de usarla para decidir un presupuesto de vigilancia conviene hacer algo menos común que discutir el número: leer a quién se lo preguntaron. Porque en este estado, una parte grande del parque habitacional no tiene a quién preguntarle.
La encuesta dice, con todas sus letras, a quién mide
La ENVIPE no esconde su diseño: lo publica en la segunda página del documento estatal. La ficha de diseño estadístico de la edición 2025 para Baja California Sur dice esto:
Unidades de observación: Las viviendas seleccionadas, los hogares, los residentes del hogar y la persona seleccionada en el hogar. Población objeto de estudio: Población de 18 años y más. Periodo de referencia de la información: enero – diciembre de 2024 para victimización; marzo y abril de 2025 para percepción sobre la seguridad pública y desempeño de las autoridades. Cobertura geográfica: a nivel nacional, nacional urbano, nacional rural, entidad federativa y áreas urbanas de interés.
Y el propio INEGI define hogar, en el mismo cuerpo de documentos, como la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.
Las dos palabras que hacen todo el trabajo son residen habitualmente. La ENVIPE mide la victimización de hogares residentes: el huésped de siete noches, el propietario que llega tres veces al año y la unidad cerrada no son hogares, no están en el marco de muestreo y no aparecen en el resultado. Eso no es un defecto de la encuesta. Es su definición, y está escrita.
Diecinueve punto ocho por ciento del parque, fuera del universo
El Censo de Población y Vivienda contó en Baja California Sur 299,681 viviendas particulares. Habitadas, 240,468. Deshabitadas, 35,776. De uso temporal, 23,437. Las dos últimas categorías suman 59,213 viviendas, el 19.8% del parque habitacional del estado.
El INEGI define ambas con precisión en la nota al pie de sus propios resultados:
Viviendas deshabitadas son las que están totalmente construidas y disponibles para ser habitadas y que al momento del levantamiento censal no tienen residentes habituales, no son de uso temporal y no son utilizadas como locales con actividad económica; viviendas de uso temporal son las que están destinadas para vacacionar, descansar o vivir algunos días, etcétera.
Pon las dos cosas juntas. La encuesta de victimización mide hogares con residentes habituales. Casi una de cada cinco viviendas del estado, por definición censal, no tiene residentes habituales. La cifra estatal de victimización describe con exactitud a los 295,964 hogares que la ENVIPE estima para el estado; no describe —ni pretende describir— lo que pasa en las 59,213 viviendas que están fuera de ese universo.
Hay una pregunta que se desprende de ahí y que no pudimos verificar en la documentación consultada: dónde queda registrado un robo a una segunda residencia sudcaliforniana cuyo propietario reside habitualmente en otra entidad y fue encuestado allá. La lógica del diseño sugiere una respuesta, pero no localizamos una nota metodológica que lo resuelva de manera expresa, así que lo dejamos declarado como hueco en lugar de rellenarlo. Lo que sí queda establecido, y basta para decidir, es que el sujeto que la encuesta mide no es el sujeto que ocupa buena parte de estas viviendas.
La Paz sí tiene cifra propia; el corredor de Los Cabos, no
La cobertura geográfica lo confirma desde otro ángulo, y este es más fácil de comprobar. La ENVIPE 2025 publica resultados para 34 áreas urbanas de interés —Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, Hermosillo y así—. En Baja California Sur, la única área urbana de interés es La Paz.
El municipio de Los Cabos, con 351,111 habitantes contados en el Censo de 2020 y el mercado condominal más grande del estado, no tiene desagregación urbana propia en la encuesta. Sus condominios, sus torres de uso mixto y sus desarrollos de segunda residencia existen dentro del promedio estatal, mezclados con Comondú, Mulegé y Loreto. Si tu inmueble está en San José del Cabo o en Cabo San Lucas y alguien te presenta el dato de la ENVIPE para tu zona, la única cifra que existe es la del estado completo.
Las cuatro cifras, y qué decisión aguanta cada una
Con esas advertencias puestas, los números de la ENVIPE 2025 para Baja California Sur son estos, y cada uno soporta un tipo distinto de decisión.
21.5% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito durante 2024: 63,670 hogares víctima de un total de 295,964 estimados. Es prevalencia en hogares residentes. Sirve para calibrar el orden de magnitud del problema entre quienes viven aquí todo el año, y para nada más.
19% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad. Aquí hay una trampa de lectura que conviene desarmar antes de que llegue a una asamblea: la misma encuesta reporta que, a nivel entidad federativa, esa cifra es de 37.4%. Son dos preguntas distintas hechas a la misma persona: qué tan segura siente su colonia y qué tan seguro siente su estado. Mezclarlas —usar el 37.4 como si fuera percepción de colonia, o el 19 como si fuera percepción del estado— produce comparaciones que no significan nada. Para decidir sobre un condominio, la pregunta pertinente es la del entorno cercano.
90.5% es la cifra oculta: la proporción de delitos en los que no hubo denuncia, no se inició carpeta de investigación o no se especificó. De los 147,560 delitos estimados para 2024, solo 12.6% se denunció ante el Ministerio Público o la Fiscalía, y de esos se inició carpeta en 75.2% de los casos. La consecuencia operativa es dura y conocida: cualquier tablero construido con cifras de denuncia está trabajando sobre menos de una décima parte del fenómeno. Y en un mercado donde el afectado puede ser un propietario que ya se fue o un huésped que se va el domingo, la propensión a denunciar es todavía menor que la de un residente permanente. La bitácora propia del condominio no es un complemento del dato oficial: para este perfil de ocupación es la única serie que registra lo que efectivamente pasó en tu perímetro.
37.9% del gasto de los hogares por costos del delito fue en medidas preventivas. El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares sudcalifornianos se estimó en 1,800 millones de pesos en 2024, con un promedio de 7,681 pesos por persona afectada. La partida de medidas preventivas es la que el INEGI describe como instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego o cambiarse de vivienda. Es el renglón donde vive la vigilancia contratada, y es el que sostiene la única pregunta de agregación que un comité puede responder con este dato: los hogares residentes ya están gastando individualmente en prevención, y la asamblea decide si ese gasto rinde más disperso o concentrado. Lo que ese 37.9% no incluye es el gasto del propietario ausente, del operador de renta corta y del huésped, porque a ninguno de los tres le preguntaron.
Qué fuente sirve para qué
Tres fuentes, tres usos, tres periodicidades. Conviene tenerlas separadas.
La ENVIPE, del INEGI, se publica cada año en septiembre con datos de victimización del año anterior y percepción del marzo-abril de ese año. Sirve para orden de magnitud estatal y para entender el sesgo de las demás fuentes. No sirve para tu colonia ni para tu inmueble, y en este estado no sirve para Los Cabos por separado.
El Censo de Población y Vivienda, también del INEGI, es lo que te dice cuántas viviendas hay, cuántas están habitadas y cuántas no. Es decenal, así que su fotografía envejece, pero es la única fuente pública que cuantifica el fenómeno que define este mercado. Para un condominio en particular hay un sustituto mejor y gratuito: tu propio padrón de unidades, con el estatus de ocupación de cada una.
Las cifras de denuncia describen el 12.6% que llegó a la autoridad. Sirven para composición de delitos y tendencia, con la advertencia de que se mueven tanto por cambios en la propensión a denunciar como por cambios en el delito.
Y la cuarta fuente, que no es pública y es la que más pesa: la bitácora del condominio. Cómo se convierte en diagnóstico está en la auditoría inicial de seguridad de un condominio y en la metodología de análisis de riesgos; qué parte del problema es interno y no perimetral, en el riesgo interno del condominio. El marco regulatorio de las demás entidades documentadas está en el comparador estatal.
Cómo no usar nada de lo anterior
Termino con la advertencia, porque este artículo se puede usar mal de dos maneras opuestas y las dos he visto.
La primera es tomar el 19% y concluir que aquí no pasa nada. Es la lectura que más daño hace en una asamblea de condominio turístico, porque llega envuelta en una cifra oficial y desarma cualquier discusión de presupuesto. Ese 19% describe cómo se siente en su colonia la población residente de dieciocho años y más. No describe el riesgo de una unidad cerrada nueve meses al año, ni el de un edificio por el que rotan ocupantes semanales, ni el de una casa a la que entra personal de servicio sin que nadie lo reciba. Ningún dato de la ENVIPE describe eso, porque no lo mide.
La segunda es la inversa: tomar el 90.5% de cifra oculta y convertirlo en un argumento para comprar todo lo que le pongan enfrente al comité. Que nueve de cada diez delitos no lleguen a carpeta explica por qué el tablero de denuncias no sirve para decidir; no dice cuál es tu exposición ni qué la reduce. Un proveedor que usa la cifra oculta como cierre de venta está vendiendo miedo estadístico, no diseño de servicio.
Entre las dos lecturas cabe una tercera, que es la única que sostiene una decisión: el dato oficial fija el orden de magnitud y revela el sesgo de cada fuente; el padrón de ocupación de tu propio condominio define quién ocupa qué y cuándo; y la bitácora dice qué pasó realmente en tu perímetro. Con esas tres cosas se diseña un servicio. Con una sola de ellas se compra una cotización que alguien más diseñó.
Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, principales resultados para Baja California Sur, septiembre de 2025 —diseño estadístico, prevalencia delictiva en hogares, costos del delito, cifra oculta, delitos denunciados y percepción de inseguridad—; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, presentación de resultados de Baja California Sur —viviendas particulares habitadas, deshabitadas y de uso temporal, definición de hogar y población por municipio—.
