Una operación industrial en Chihuahua rara vez cabe en un solo contrato. Hay una planta con acceso peatonal y vehicular, un patio de maniobras con andenes y cajas en espera, y una salida de producto que termina en un puente internacional. Esas tres cosas se ven como un mismo servicio de vigilancia y, para la ley estatal, no lo son: son modalidades distintas, con requisitos distintos, y una de ellas trae una obligación material que la mayoría de las propuestas no menciona.
Una autorización que enumera municipios
El artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua dice que la autorización contendrá el número de la misma, el Registro, modalidades que se autorizan, municipios que comprenda y condiciones a que se sujeta la prestación de los servicios, y que es personal e intransferible.
Para una empresa con una sola planta eso es un dato administrativo. Para una operación repartida entre Juárez, la capital, Delicias o Cuauhtémoc es la primera pregunta del expediente: ¿la carátula de mi proveedor trae los cuatro municipios? No es raro que traiga uno o dos. Ampliar la lista tiene ruta corta: el artículo 37 permite pedir por escrito la modificación del ámbito territorial o de las modalidades, y obliga a la autoridad a resolver dentro de los diez días hábiles siguientes. Diez días hábiles es menos de lo que tarda una licitación interna, así que no hay razón defendible para que un sitio opere fuera de la lista.
La misma lógica aplica hacia arriba. Si el proveedor atiende sitios en dos o más entidades federativas, el artículo 122, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 exige tanto la autorización local de cada entidad como la de la Secretaría federal. No es una u otra. Y la Ley Federal de Seguridad Privada, que es la que rige del lado federal, no se reforma desde el 17 de octubre de 2011, de modo que el andamiaje vigente combina un ordenamiento federal antiguo con leyes estatales mucho más recientes: la coherencia entre los dos permisos la tiene que sostener el contratante, porque nadie más la va a revisar por él.
La planta y el patio no son la misma modalidad
El artículo 30 enumera nueve modalidades y una operación industrial normalmente compra tres.
La vigilancia de acceso, perímetro y naves es seguridad y protección de bienes (fracción II). El CCTV, el control de acceso electrónico y el monitoreo son sistemas electrónicos de seguridad (fracción VIII), modalidad distinta que se autoriza por separado y aparece por separado en la carátula. Y la custodia del producto cuando sale del patio —a un cruce, a un centro de distribución, a otra planta— es seguridad y protección en el traslado de bienes o valores (fracción III).
Esa tercera trae una obligación que no es negociable ni sustituible por un protocolo:
Artículo 30. Es competencia de la Fiscalía, autorizar los Servicios de Seguridad Privada, de acuerdo a las modalidades siguientes: […] III. Seguridad y Protección en el Traslado de Bienes o Valores. Consiste en la prestación de servicios de custodia, vigilancia, cuidado y protección en el traslado de bienes muebles o valores.
Artículo 55. Son obligaciones de los Prestadores de Servicios: […] XXXVII. Tratándose de Prestadores de Servicios que operen en la modalidad prevista en la fracción III del artículo 30 de la presente Ley, deberán utilizar vehículos blindados.
Léase con cuidado, porque cambia pliegos. La ley no dice que el blindaje sea recomendable ni que dependa del valor de la carga: dice que quien opera en esa modalidad deberá usar vehículos blindados. Una empresa que contrata custodia de producto hacia el puente con una camioneta convencional no está comprando un servicio más económico: está comprando un servicio que la propia norma describe de otra manera.
El mismo artículo 30 añade, en su penúltimo párrafo, que los prestadores autorizados en las modalidades I, II o III que además cuenten con licencia particular, individual o colectiva para portación de armas otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, deben cumplir también con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento. Y el artículo 46 condiciona el perfil: el personal operativo con portación de armas requiere certificado de enseñanza media superior, mientras que para los demás basta la enseñanza media básica. En un esquema donde la ruta va armada y la caseta no, esas son dos plantillas con dos perfiles de contratación y dos costos de reclutamiento.
Si el patio opera con binomio canino, el artículo 43 agrega cuatro obligaciones verificables: inventario de los animales informado al Registro dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, informe semestral del estado físico avalado por médico veterinario zootecnista con cédula profesional registrada, acreditación de que el elemento a cargo está capacitado en manejo básico, y al menos un día de descanso semanal por animal, con registro de los días de uso. El mismo artículo deja la responsabilidad civil por lesiones o daños a terceros expresamente sobre el prestador.
Lo que el registro estatal ya sabe de tu proveedor
El artículo 25 define el contenido del Registro Estatal, y dos de sus fracciones son material de due diligence que casi nadie usa. La fracción II manda inscribir la autorización, revalidación o modificación o el acto administrativo equivalente expedido por otra autoridad estatal o por la federal, incluso si está en trámite o si ha sido negado, suspendido o revocado. La fracción III va más lejos: la referencia del trámite desechado, negado, suspendido o revocado por las autoridades competentes de la Federación o de otras entidades federativas.
Es decir: el expediente estatal chihuahuense debe contener el historial regulatorio de tu proveedor en otras plazas. Pedir por escrito que el proveedor declare, bajo su firma, que no tiene trámites negados, suspendidos o revocados en ninguna entidad ni en el ámbito federal no es una exigencia caprichosa: es pedirle que confirme lo que su propio registro ya debería reflejar.
Dos obligaciones más que un área corporativa puede convertir en entregables contractuales sin inventar nada. El artículo 24 obliga al prestador a informar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes las altas y bajas de personal con sus causas, las modificaciones de armamento y equipo, y la existencia de procesos judiciales y administrativos que afecten la situación laboral de su personal, y a presentar el reporte aunque no haya movimientos. El artículo 55, fracción XXXVI, lo obliga a comunicar por escrito a la autoridad, dentro de los tres días hábiles siguientes, cualquier situación que provoque la suspensión del servicio para el que fue autorizado. Los acuses de ambos son papel que existe y que se puede exigir mensualmente.
Vale saber también que la verificación puede llegar hasta tu instalación. El artículo 66 establece que la inspección tiene lugar en las oficinas del prestador y que podrá solicitarse el consentimiento de sus prestatarios —tú— para verificar que el servicio se realice conforme a la modalidad autorizada. Y el artículo 99 ordena que, al revocar una autorización, la autoridad notifique a los municipios, a las autoridades correspondientes y a sus prestatarios. Esa notificación llega si tu empresa está declarada en el expediente, cosa que el artículo 42, fracción XVIII, contempla desde el trámite: relación de prestatarios, domicilios, ubicación de los lugares donde se presta el servicio, fecha y vigencia del contrato, tipo de servicio y relación del personal asignado.
El guardia no investiga, y eso incluye el robo interno
Este es el punto donde más se estira la figura en una operación de manufactura, y donde la ley chihuahuense es explícita.
El artículo 53 dice que la autorización no los faculta para realizar investigaciones, intervenir o interferir en asuntos que sean competencia del Ministerio Público e instituciones de seguridad pública, y que la función del personal operativo cesa en cuanto hagan acto de presencia los Agentes del Ministerio Público o instituciones policiales. Un protocolo interno que encarga a la caseta “investigar” una merma de inventario está pidiéndole a un elemento que haga algo que su autorización no cubre.
Lo que sí existe es una modalidad para eso, y es otra. La fracción V del artículo 30 —seguridad y protección en sistemas de prevención y responsabilidades— se refiere a la prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. Si tu proveedor hace investigación de antecedentes de candidatos o indagatorias internas, esa es una modalidad autorizable distinta, con su propio renglón en la carátula. En el padrón estatal, en la consulta de agosto de 2026, solo nueve registros aparecían bajo esa modalidad, frente a 245 en protección de bienes: el universo de proveedores habilitados para ese servicio es mucho más chico que el universo total, y una propuesta que lo ofrece de paso probablemente no lo tiene autorizado.
La nómina que cambia al cruzar de municipio
Una operación repartida en el estado paga dos pisos salariales legales por la misma función. Conforme a la resolución de la CONASAMI publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, en los ocho municipios chihuahuenses de la Zona Libre de la Frontera Norte —Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides— el mínimo general es de $440.87 diarios, es decir $13,409.80 mensuales. En los otros cincuenta y nueve, incluidas la capital, Delicias y Cuauhtémoc, es de $315.04 diarios y $9,582.47 mensuales.
Con la jornada de 48 horas vigente, un puesto continuo requiere 3.5 elementos, de modo que el mismo puesto cuesta $46,934.30 mensuales de salario nominal mínimo en Juárez y $33,538.65 en la capital. Un esquema de cuatro puestos continuos por sitio en dos sitios de plazas distintas arrastra esa brecha multiplicada, y todo lo que se calcula sobre el salario base —aguinaldo, prima vacacional, cuotas patronales, INFONAVIT— la hereda en la misma proporción. Un cuadro comparativo de sitios que presenta una tarifa unitaria única para toda la operación estatal está ocultando el dato más determinante de su propio presupuesto.
A eso se suma, solo en Ciudad Juárez, una capa municipal. El Reglamento para las Empresas Privadas de Servicios de Seguridad y Vigilancia del Municipio de Ciudad Juárez, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de mayo de 2004, exige autorización de funcionamiento del Ayuntamiento con pago anual de derechos, cédula de registro personal municipal por cada elemento además de la estatal, y plantilla mensual ante la dirección municipal. La capital no tiene ordenamiento equivalente publicado. Hay que decirlo con la reserva que merece: ese reglamento se funda en una ley estatal de seguridad pública ya abrogada y no localizamos publicada una reforma posterior, así que la vía prudente es confirmarlo por escrito con la dirección municipal antes de construir un pliego sobre él.
Conviene notar un rasgo del regulador que en un esquema corporativo puede volverse relevante. La unidad que autoriza, inspecciona y sanciona a las empresas privadas —la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado— también presta ella misma servicios de protección, custodia y vigilancia a personas físicas y morales, por mandato de la fracción I del artículo 69 de su reglamento interior, publicado el 25 de noviembre de 2023. Es un dato de contexto, no una acusación: simplemente significa que en Chihuahua el regulador y un oferente conviven en la misma unidad administrativa, y que una decisión de sourcing hecha con los ojos abiertos vale más que una hecha sin saberlo.
La decisión que conviene dejar por escrito
Al final de este recorrido hay una sola decisión de gobierno corporativo que rinde más que todas las cláusulas técnicas juntas, y conviene tomarla en el acta del comité de seguridad o en la política interna, no en el pliego: definir, sitio por sitio, qué modalidad autorizada cubre cada función, y prohibir expresamente que una modalidad supla a otra.
En la práctica se escribe en una tabla de gobierno interno, no de proveedor: el acceso y el perímetro de cada planta bajo protección de bienes; el CCTV y el control de acceso bajo sistemas electrónicos; la salida de producto hacia el cruce bajo traslado de bienes o valores, con vehículo blindado, sin excepción por valor de carga ni por urgencia de embarque; el screening de personal bajo sistemas de prevención y responsabilidades, si se contrata; y ninguna función de investigación de incidentes asignada al personal de caseta. Junto a cada línea, el municipio del sitio y la confirmación de que ese municipio aparece en la carátula del proveedor asignado. Ese documento tiene dos virtudes: sobrevive a los cambios de proveedor y hace visible, antes de firmar, cualquier hueco de autorización. Para construir el resto del andamiaje sirven el plan maestro de seguridad por fases, la metodología de matriz de riesgos y el tratamiento del riesgo interno frente al externo, que en operación industrial suele ser el que más pesa.
Y conviene fecharlo con el calendario del estado. Como la revalidación chihuahuense ocurre durante el mes de enero de cada año por mandato del artículo 34, y la autorización queda sin efectos si no se presenta —artículo 39, sin periodo de gracia escrito—, la revisión anual de ese documento tiene una fecha natural: la primera semana de febrero, cuando ya se sabe quién revalidó y quién no. Dejar esa fecha por escrito convierte una buena intención en un control con dueño y con periodicidad, que es la única clase de control que sobrevive a un cambio de gerencia.
Fuentes: Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua, P.O.E. 104 del 29-12-2012, últ. reforma P.O.E. 58 del 21-07-2018 (arts. 24, 25, 30, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 46, 53, 55, 66 y 99); Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Acuerdo 222/2023, P.O.E. 94 del 25-11-2023 (art. 69); Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, D.O.F. 16-07-2025 (art. 122); Ley Federal de Seguridad Privada, últ. reforma D.O.F. 17-10-2011; Reglamento para las Empresas Privadas de Servicios de Seguridad y Vigilancia del Municipio de Ciudad Juárez, P.O.E. 40 del 19-05-2004; Resolución de la CONASAMI, D.O.F. 09-12-2025; padrón Lista blanca de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consultado en agosto de 2026.
