En las juntas de condóminos circulan tres números como si fueran intercambiables: el porcentaje de hogares que fueron víctima de un delito, el porcentaje de gente que considera insegura su colonia y el porcentaje de delitos que nunca llegaron a una carpeta de investigación. Se usan indistintamente para sostener la misma propuesta —subir la cuota, o no subirla— y quien los cita rara vez sabe que está mezclando tres mediciones distintas.
La confusión tiene un origen documental preciso, y no es culpa de quien la comete: los tres números aparecen impresos en el mismo documento, con la misma tipografía y el mismo logotipo. Son la presentación estatal de la ENVIPE 2025 del INEGI. Lo que el documento no pone en la portada es que esos tres números se produjeron en momentos distintos, con preguntas distintas y sobre universos distintos. Esta guía separa los tres y dice, para cada uno, qué decisión de condominio sostiene y cuál no.
Un solo documento, cuatro relojes
El punto de partida es cronológico, porque ahí empieza el error.
Enero a diciembre de 2024. Es el periodo de referencia de la victimización. Todo lo que la ENVIPE dice sobre delitos ocurridos, hogares con víctima, costos y denuncia se refiere a ese año calendario, ya cerrado.
Mes a mes, durante y después de ese año. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica su reporte de incidencia delictiva: carpetas de investigación abiertas por las fiscalías, con desglose estatal y municipal. Es un registro administrativo con corte mensual, y su cifra de un mes cualquiera no es comparable con nada de lo anterior.
Marzo y abril de 2025. Es el levantamiento de las preguntas de percepción y de desempeño institucional. Cuando alguien cita el porcentaje de gente que se siente insegura, está citando una fotografía de opinión tomada en esas dos semanas de primavera, no un dato de 2024.
18 de septiembre de 2025. El INEGI publica los resultados en el comunicado de prensa 127/25 y libera las presentaciones estatales. A partir de ese día, los cuatro relojes anteriores quedan impresos en un mismo PDF, uno junto a otro, sin que la maquetación advierta que miden cosas distintas.
Cuando ese PDF llega a una asamblea en 2026, ya nadie recuerda cuál número describe lo que pasó, cuál describe lo que la gente siente y cuál describe lo que el Estado registró. Esa es la falla, y se corrige leyendo con calendario.
Los tres indicadores de Sinaloa, uno por uno
Prevalencia delictiva en hogares: 26.9%. La ENVIPE estima que 26.9% de los hogares sinaloenses tuvo al menos una víctima de delito durante 2024. En términos absolutos, 258 751 hogares víctima de un total de 961 171 hogares estimados. Mide hechos ocurridos, preguntados directamente al hogar, se haya denunciado o no. Es el indicador más cercano a la unidad que administra un condominio, porque su denominador es el hogar y no la persona. El promedio nacional del mismo indicador fue de 29.0%.
Percepción de inseguridad en la colonia o localidad: 26.5%. Es la proporción de población de 18 años y más que considera que vivir en su entorno más cercano es inseguro. Mide opinión, en marzo y abril de 2025, sobre un ámbito geográfico específico. El promedio nacional del mismo ámbito fue de 40.5%.
Aquí hay que detenerse, porque la misma encuesta publica otro número para Sinaloa que se cita mucho más y que no es este: 80.5% considera inseguro vivir en la entidad. Son cincuenta y cuatro puntos de diferencia entre dos respuestas de las mismas personas en la misma visita, y la única diferencia entre ellas es el ámbito por el que se pregunta. El promedio nacional del ámbito estatal fue de 75.6%. Confundir los dos ámbitos no es un matiz: es la diferencia entre decir que uno de cada cuatro vecinos considera insegura su colonia y decir que cuatro de cada cinco consideran inseguro el estado. Las dos frases son ciertas y no autorizan la misma decisión.
Cifra oculta: 96.3%. Es la proporción de delitos cometidos en los que no hubo denuncia, o hubo denuncia sin carpeta de investigación, o no se especificó. En Sinaloa se denunció 5.9% de los delitos —en 2023 fue 5%— y de esas denuncias el Ministerio Público o la Fiscalía estatal inició carpeta en 62.1% de los casos. Multiplicado: del total de delitos, 3.7% llegó a carpeta. El promedio nacional fue 9.6% de denuncia, 70.5% de carpeta sobre lo denunciado y 93.2% de cifra oculta, es decir 6.8% de los delitos investigados.
Este tercer indicador no mide delito ni miedo. Mide registro: qué proporción del fenómeno queda fuera de cualquier estadística administrativa.
Por qué la ENVIPE y el tablero del Secretariado no se suman
Existen dos formas de contar el delito en México y confundirlas produce presupuestos mal armados.
El Secretariado Ejecutivo cuenta carpetas de investigación. Es un dato de gestión: alguien fue, denunció, y una fiscalía abrió expediente. Tiene la virtud del detalle municipal y mensual, y el defecto de que solo ve lo que entró por la puerta.
La ENVIPE cuenta lo que los hogares dicen que les pasó, hayan denunciado o no. Tiene la virtud de ver el fenómeno completo y el defecto de que es una estimación muestral anual, sin desglose por colonia.
En Sinaloa la distancia entre ambas es de 96.3 puntos a 3.7. Por cada delito que llega a una carpeta hay aproximadamente veintiséis que no. De ahí salen tres reglas que conviene decir en voz alta antes de que alguien proyecte una gráfica:
No se suman. Un delito que la ENVIPE estimó y que además se denunció está contado en las dos fuentes. Sumarlas duplica.
No se comparan tendencias en periodos distintos. El tablero del Secretariado tiene corte mensual y la ENVIPE, anual con año de referencia cerrado. Poner un mes de 2026 junto a un dato de 2024 y dibujar una flecha entre los dos no describe nada.
La ausencia de carpetas no es ausencia de delitos. Con 96.3% de cifra oculta, que en la zona del condominio no haya carpetas registradas es, con altísima probabilidad, evidencia de que no se denuncia. Las razones que la propia ENVIPE recoge en Sinaloa son atribuibles a la autoridad: pérdida de tiempo, 33.8%, y desconfianza en la autoridad, 11.7%.
Qué autoriza cada número frente a la asamblea
Esta es la parte que se le pide a un comité de vigilancia cuando tiene que sustentar una cuota, y conviene resolverla indicador por indicador.
El 26.9% de hogares con víctima autoriza una decisión de dimensionamiento. Es la mejor aproximación oficial a lo que efectivamente ocurrió, y su unidad es el hogar. Sirve para estimar magnitud y para contrastar con la bitácora propia del condominio. No sirve para decir dónde ni a qué hora, porque no tiene desglose de colonia.
El 26.5% de percepción en la colonia autoriza una decisión de intervención en el entorno cercano. Iluminación, consistencia del control de acceso, rondín con horario verificable, comunicación al residente. Es la métrica que un condominio bien operado puede mover con su propia gestión, y también la que se degrada primero cuando el servicio se relaja.
El 80.5% de percepción en la entidad no autoriza gasto por sí solo. Autoriza una decisión de comunicación: explica el estado de ánimo con el que un residente llega a la junta y por qué reacciona como reacciona ante una propuesta. Usarlo como argumento de plantilla es sustituir un diagnóstico por un ambiente.
El 96.3% de cifra oculta autoriza una decisión de método. Concretamente: cambiar la fuente con la que se justifica el presupuesto. Si menos de cuatro de cada cien hechos llegan a carpeta, presentar a la asamblea una gráfica de carpetas es presentarla con el tres por ciento de la información. La fuente que sí describe lo que pasa dentro del perímetro es la bitácora del propio condominio —intentos de acceso, vehículos desconocidos, paquetería extraviada, reportes de residentes, incidencias de rondín—, y su valor probatorio crece exactamente en la medida en que la cifra oculta es alta.
El 46.5% del gasto en medidas preventivas autoriza una decisión de agregación. La ENVIPE estima que el costo total del delito en hogares sinaloenses fue de 3.9 mil millones de pesos en 2024 y que 46.5% de ese gasto fueron medidas preventivas. En el agregado nacional, las medidas preventivas fueron 91.8 de 269.6 mil millones de pesos, es decir 34.1%. Dicho de otro modo: los hogares del estado ya destinan casi la mitad de su gasto por el delito a prevenir, una proporción bastante mayor que la del país. La pregunta de la asamblea no es si se gasta en prevención —eso ya ocurre, casa por casa—, sino si ese gasto rinde más disperso o concentrado.
Cómo llevar esto a la junta sin mentir en ninguna dirección
Una presentación honesta cabe en una diapositiva y en tres frases. Primero: esto es lo que ocurrió, con la fuente que mide hechos y su año de referencia. Segundo: esto es lo que la gente percibe, con el ámbito geográfico explícito y la fecha del levantamiento. Tercero: esto es lo que el registro público no ve, y por eso nuestra bitácora es la fuente principal para decidir aquí adentro.
Lo que no debe hacerse es igual de corto. No mezclar ámbitos de percepción sin decir cuál se está citando. No sumar ENVIPE con carpetas. No usar el dato estatal para justificar una cuota, ni el dato de colonia para desestimar el miedo de un residente. Y no presentar como diagnóstico lo que un proveedor entregó ya interpretado: quien te muestra una sola cifra está armando un argumento. Cómo se construye el diagnóstico con datos propios está en análisis de riesgos y en consultoría en seguridad; qué evaluar antes de contratar, en la auditoría inicial de seguridad de un condominio; y el marco regulatorio que rige a los proveedores en esta entidad, en la guía estatal de Sinaloa.
Queda un dato que reordena la lectura de los tres indicadores y que conviene poner al final, no al principio. De los tres, Sinaloa está por debajo del promedio nacional en victimización de hogares (26.9 frente a 29.0) y muy por debajo en percepción de inseguridad en la colonia (26.5 frente a 40.5). El único de los tres en el que está por encima del país es la cifra oculta: 96.3 frente a 93.2. Es decir, el indicador donde la entidad se separa del promedio nacional no es el que mide cuánto ocurre ni el que mide cuánto se teme, sino el que mide cuánto no queda registrado. Para un comité de vigilancia esa asimetría tiene una consecuencia inmediata y poco cómoda: la fuente pública es aquí más incompleta que en el promedio del país, y por lo tanto el registro que el propio condominio lleve —o deje de llevar— pesa más en la decisión que cualquier gráfica que alguien traiga de afuera.
Fuentes: ENVIPE 2025, INEGI. Presentación de resultados del estado de Sinaloa: prevalencia delictiva en hogares, denuncia, cifra oculta, razones para no denunciar y costos del delito referidos a 2024; percepción de inseguridad levantada entre marzo y abril de 2025. Comunicado de prensa 127/25 del 18 de septiembre de 2025 para los agregados nacionales de victimización, denuncia, cifra oculta, costo del delito y percepción por ámbito geográfico. Reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de publicación mensual, citado como fuente administrativa de carpetas de investigación.
