Hidalgo para comités y administradores de condominio

La pregunta que casi siempre se hace al revés

La pregunta con la que llega un comité hidalguense a la mesa suele ser si la empresa está en el directorio del gobierno del estado. Es una buena pregunta y tiene respuesta pública, pero contesta menos de lo que parece. El directorio de prestadores que publica la Secretaría de Seguridad Pública trae logotipo, razón social, representante legal y teléfono. No trae número de autorización, no trae fecha de inicio ni de fin de vigencia, y no trae una columna de modalidad.

La pregunta que sí decide algo es otra: en qué modalidad está autorizada esa empresa, desde qué día corre su año de vigencia y cuándo fue la última visita de verificación. Los tres datos existen, están en el Registro que lleva la Unidad de Registro y Supervisión, y ninguno de los tres aparece en la consulta abierta.

Eso no invalida el directorio. Lo vuelve un primer filtro: si una empresa no aparece ahí, hay una conversación pendiente antes de seguir. Si aparece, apenas empieza la verificación.

Una ley de 2013 y el reglamento que nunca llegó

En Hidalgo no hay que ir a buscar la seguridad privada dentro de la ley de seguridad pública. Hay ley especial: la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Hidalgo, contenida en el Decreto 527 y publicada en el alcance al Periódico Oficial del Estado el 2 de septiembre de 2013. Es un ordenamiento completo: setenta y ocho artículos, dieciséis capítulos, y un catálogo de ocho modalidades en el artículo 9.

Su Transitorio Tercero le dio al Ejecutivo estatal ciento ochenta días hábiles para expedir el Reglamento. En la consulta de agosto de 2026, ese Reglamento no aparece en la biblioteca legislativa del Congreso ni en la búsqueda del Periódico Oficial, aunque tanto la Ley como el Reglamento Interior de la Secretaría lo mencionan como existente. La ausencia importa porque la Ley delega en él cosas concretas: la cromática de los vehículos, las medidas de seguridad, y sobre todo la forma en que se gradúan las sanciones del artículo 73, que van de la amonestación a la cancelación pasando por multas de diez a tres mil días.

La consecuencia para quien contrata es sencilla de enunciar y molesta de administrar: donde la Ley dice en los términos que fije el Reglamento, hoy hay criterio administrativo. Eso se compensa por contrato, no por confianza.

La autorización dura un año desde la fecha en que se expide, es intransferible y debe especificar las modalidades que comprende. Se revalida solicitándolo con al menos treinta días hábiles de anticipación, con los mismos requisitos de la solicitud inicial. Y hay un detalle del artículo 16 que casi nunca se explica: si la Secretaría deja pasar los diez días hábiles sin responder, la solicitud se entiende no procedente. El silencio juega en contra del solicitante.

El directorio existe, y hay que saber qué contesta

La Ley obliga a la Secretaría, a través de la Unidad de Registro, a publicar en los medios oficiales del Gobierno del Estado la relación de las personas físicas y morales autorizadas para prestar actividades de seguridad privada en sus distintas modalidades. Es el artículo 19, y esa obligación existe en el mundo real: el directorio está en línea y devuelve datos.

En la consulta de agosto de 2026 devolvía 106 registros que corresponden a cien razones sociales distintas. La diferencia se explica sola en cuanto se leen los nombres: cuatro prestadores aparecen con un renglón por modalidad autorizada, con sufijos del tipo M-I, M-II o M-VII. Es decir, el listado no tiene columna de modalidad, pero la modalidad se cuela en el nombre de algunos registros y no en el de otros.

Hay otro rasgo del listado que conviene leer sin dramatizarlo. De los 106 registros, 51 publican un teléfono de contacto con clave 55 y 22 con clave 771. La clave telefónica no acredita domicilio y no dice dónde opera una empresa: dice desde dónde contesta. Pero sí sugiere que una parte relevante de la oferta que se cotiza en Hidalgo se administra desde fuera de la entidad, y eso conecta directamente con el régimen de doble autorización que aplica a quien presta servicios en dos o más entidades federativas.

Lo que la ley condominal hidalguense sí resuelve

La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Hidalgo se publicó el 27 de agosto de 2012 y fue reformada cuatro veces en cuatro meses de 2024: el 19 de enero, el 4 y el 16 de abril, y el 18 de abril. Quien esté trabajando con una copia anterior a 2024 está leyendo tres reglas distintas de las vigentes.

Sobre vigilancia, la norma es explícita. El artículo 31 permite celebrar convenios con las autoridades competentes para establecer servicios de control y vigilancia en jardines, parques, vialidades, plazas y estacionamientos de uso común, previo acuerdo aprobatorio de la asamblea general, sin que ello impida que la misma Asamblea contrate servicios profesionales para estos fines. Las dos rutas están escritas en el mismo artículo, y el condominio elige.

Sobre mayorías, el artículo 34, fracción II, fija la regla general: las resoluciones de la asamblea se toman por mayoría simple de votos presentes, salvo que la propia Ley, la escritura constitutiva o el reglamento establezcan una mayoría especial. Contratar vigilancia no está en la lista de asuntos que el artículo 32 reserva a asamblea extraordinaria.

Sobre el moroso, la reforma del 18 de abril de 2024 reescribió el artículo 61 y le puso condiciones al corte. La administración puede suspender los servicios de áreas privativas que se paguen con el fondo de mantenimiento o el de reserva, excepto el agua, pero solo con autorización previa del comité de vigilancia y acreditando haber concluido un procedimiento interno de mediación o conciliación, con requerimientos, pláticas, notificaciones y propuestas de convenio. En paralelo, el artículo 37 suspende el derecho a voto del condómino con dos cuotas ordinarias o una extraordinaria impagas, conservando siempre el derecho a voz.

Dos municipios que la delimitación oficial coloca en otra metrópoli

Hay una condición geográfica hidalguense que cambia el diseño de un esquema corporativo y que no es una metáfora comercial: es una clasificación oficial. En Metrópolis de México 2020, publicado el 6 de febrero de 2024 por el grupo interinstitucional que integran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el INEGI, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México quedó definida como una metrópoli interestatal de 63 municipios, y dos de ellos son hidalguenses: Tizayuca y Atotonilco de Tula, este último incorporado en esa misma revisión.

Los números de esos dos municipios explican por qué. Tizayuca pasó de 30,293 habitantes en 1990 a 168,302 en 2020, con una tasa de crecimiento anual de 5.8% en la última década medida. Atotonilco de Tula pasó de 19,327 a 62,470, con 7.4% anual en el mismo periodo. En la misma publicación, la Zona Metropolitana de Pachuca quedó integrada por cinco municipios y 610,753 habitantes, y lo que antes era la zona metropolitana de Tula se reclasificó como zona conurbada de Atitalaquia, con dos municipios.

Para un comité residencial eso se traduce en tiempos de supervisión y en mercado laboral. Para un área corporativa se traduce en algo más pesado: una planta en Atotonilco de Tula y una oficina en el Valle de México están, para la delimitación oficial, dentro de la misma metrópoli, y para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública están en dos entidades federativas distintas. Esas dos verdades conviven, y la segunda es la que activa requisitos.

La decisión que conviene dejar asentada en acta

Todo lo anterior se puede administrar sin abogado si la asamblea toma una decisión y la escribe. No es una decisión sobre el proveedor: es una decisión sobre el propio condominio.

Lo que conviene que quede en el acta, con esas palabras, es qué modalidad se está contratando, con qué número de autorización estatal, en qué fecha vence esa autorización, y la obligación del prestador de entregar copia de la revalidación dentro de los diez días hábiles siguientes a obtenerla. Cuatro renglones. Con eso, la siguiente administración no tiene que reconstruir nada, y la verificación anual deja de depender de que alguien se acuerde.

Puedes contrastar el régimen hidalguense con el de otras entidades documentadas en el comparador estatal, y revisar cómo se arma un expediente de proveedor en la guía de documentación mínima del condominio. Si lo que necesitas es trabajo de gabinete sobre un esquema que ya tienes, ahí sí podemos ayudar desde consultoría en seguridad y análisis de riesgos.

Y conviene fecharla. La autorización de un prestador hidalguense corre por doce meses desde el día en que se expidió, no desde enero: sin la fecha escrita, el acuerdo de verificación anual no tiene contra qué medirse.