Guerrero para comités y administradores de condominio

La entrega de turno empieza antes de abrir la pluma

Una camioneta llega fuera de la ventana de visitas y el relevo de caseta recibe una llamada para dejarla pasar. Antes de mover la pluma, hay preguntas operativas: quién autorizó el acceso, qué vehículo entró, dónde quedará registrado y quién toma la decisión si la instrucción cambia. Hay otra pregunta previa que pertenece al comité, no a la persona en turno: si la empresa que organiza ese puesto cuenta con autorización local para proteger bienes inmuebles.

La Ley Número 850 de Seguridad Privada del Estado de Guerrero regula esta actividad como ley especial desde el 20 de agosto de 2024. La modalidad de seguridad privada en los bienes comprende el cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles (artículo 8, fracción II). La autorización es personal e intransferible y debe expresar registro, modalidades, municipios y condiciones (artículo 11). Un contrato que omite alguno de esos datos deja sin manera de cotejar el turno con el alcance autorizado.

La Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública contiene una segunda capa. Sus artículos 151 a 153, reformados el 30 de diciembre de 2025, exigen autorización estatal para operar solo en Guerrero y, si la empresa trabaja en dos o más entidades, autorización estatal y federal. Esa reforma modifica contenido de la Ley 179; no modifica ni renumera la Ley 850. Presentar un documento federal no sustituye la autorización que corresponde a Guerrero.

La ventanilla vigente y el texto legal sí se pueden separar

El artículo 4 de la Ley 850 designa a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero como autoridad para autorizar, controlar, supervisar y sancionar; el artículo 7 reafirma que autoriza las modalidades. La Ley Orgánica Número 242 mantiene a la Secretaría de Seguridad Pública entre las secretarías del Ejecutivo (artículo 22, apartado A, fracción VI).

El directorio vigente de la Secretaría nombra a la Dirección General de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada. El Manual de Trámites de marzo de 2025 usa “Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada”. Ambas fuentes administrativas sitúan la atención en esa Dirección, mientras la Ley reserva la competencia a la Secretaría. La diferencia de redacción se deja identificada; no hay base para describirla como una reforma legal.

El historial oficial de la Ley 850 no lista reforma posterior a su publicación original. Tampoco se localizó en fuente primaria un reglamento que desarrolle específicamente esta Ley. El Manual estatal de 2025 sigue remitiendo en algunos apartados al Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada de 2011. Ese manual acredita cómo se recibe el trámite y qué unidad lo atiende, pero no permite tratar aquella referencia reglamentaria como si resolviera por sí sola todo el texto de la Ley 850.

Tres relojes exigen confirmar la fecha del permiso

La Ley 850 no utiliza una regla que diga que cada autorización inicial dura un año desde su expedición. El artículo 11 permite revalidarla anualmente; el artículo 13 ordena revalidarla durante enero de cada año. El artículo 22, sin embargo, pide solicitar la revalidación al menos treinta días hábiles antes de que termine la vigencia. El Manual de Trámites de marzo de 2025 aún dice quince días hábiles y señala que la autorización y el registro se refrendan anualmente.

No es una diferencia editorial menor: son tres instrucciones para el mismo momento administrativo. La solicitud de revalidación se desecha si no se atiende la prevención en diez días hábiles (artículo 23), y la autorización queda sin efectos si no se presenta la revalidación o no se subsanan esas omisiones (artículo 18). Para un expediente de proveedor, el documento decisivo es la autorización o revalidación con su fecha y una confirmación escrita de la Dirección sobre el plazo aplicable al ciclo concreto; no una fecha copiada de una fuente aislada.

La fianza requiere la misma precisión. El artículo 13 obliga a actualizar la póliza conforme al valor de la UMA. El artículo 35 indica que debe garantizar la prestación adecuada, daños y perjuicios, y eventualmente sanciones económicas. No fija monto, múltiplo de UMA, fórmula ni beneficiaria. Además, el artículo 71 remite a una póliza “a que se refiere el artículo 24”, aunque ese artículo versa sobre los requisitos posteriores a la procedencia de la revalidación. El hueco es verificable: la fianza se exige, pero su cuantía no está publicada con precisión en la fuente primaria localizada.

Personal, cédula y reportes dejan rastro mensual

La solicitud de autorización requiere medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales; reglamento interior de trabajo, manual operativo y constancia de registro ante la autoridad laboral; prueba de capacidad para capacitar; y relación de personal para consulta de antecedentes (artículo 19, fracciones V a IX). Para los elementos, la relación incorpora nombre, RFC o CURP, pago de derechos y constancia de no antecedentes penales del estado.

Antes de contratar, el prestador tiene que presentar nombre, CURP y certificado de no antecedentes penales de cada aspirante para consultas ante la Fiscalía y la instancia nacional competente (artículo 48). El artículo 49 exige nacionalidad mexicana, mayoría de edad y no ser integrante activo de seguridad pública ni fuerzas armadas. Los elementos deben contar con capacitación básica para la modalidad autorizada (artículo 49, fracción XVIII) y portar cédula visible durante el servicio (artículos 43 y 46).

El Registro Estatal incluye autorizaciones, revalidaciones, modalidades, ámbitos territoriales, datos del personal, equipo y armamento (artículo 32). Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la empresa informa altas y bajas, procesos que afecten la situación laboral y modificaciones que impacten el servicio, incluso cuando no existan novedades (artículo 31). El artículo 50, fracciones XXV y XXXIX, añade aviso mensual de altas y bajas y reporte detallado de actividades del mes previo. Son documentos distintos: una relación de personal no reemplaza el reporte de actividades, ni éste prueba la vigencia de una autorización.

El Registro no equivale todavía a una búsqueda abierta

El Registro es un sistema de consulta y acopio destinado a supervisión, control, vigilancia y evaluación (artículo 28), pero la Secretaría debe custodiar su información como confidencial (artículo 29). De una certificación o folio que se proporcione debe expedirse constancia escrita firmada por persona servidora pública autorizada, previo pago de derechos (artículo 30). La ley sí ordena publicar antes del 31 de diciembre los nombres de prestadores autorizados y registrados en el Periódico Oficial y medios electrónicos oficiales (artículo 15).

No se localizó ni se verificó una URL oficial que responda como padrón vigente por empresa. Por eso este hub no publica padronUrl. La ausencia de un enlace comprobable no reduce lo que debe pedirse al proveedor: acto de autorización o revalidación vigente, modalidad de seguridad privada en los bienes, municipios autorizados, póliza de fianza, cédulas y relación del personal que realmente ocupará los turnos.

El acuerdo de Asamblea es la base del contrato de vigilancia

La Ley Número 240 de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero fue publicada en el Periódico Oficial 42, alcance I, el 27 de mayo de 2025 y abrogó la Ley Número 557 mediante su artículo segundo transitorio. No se describe como reforma ni renumeración de la ley anterior: la sustituyó por una ley nueva. La Ley 240 nombra de forma expresa el control y la vigilancia.

La Asamblea General es el órgano supremo (artículo 39). Con su acuerdo aprobatorio puede celebrar convenios con autoridades para establecer servicios de control y vigilancia en jardines, vialidades, estacionamientos y demás áreas comunes; además, esa misma Asamblea puede contratar servicios profesionales para esos fines (artículo 37). Para una contratación ordinaria, las resoluciones se toman por mayoría simple de los votos presentes, salvo mayoría especial de la Ley, escritura constitutiva o Reglamento del Condominio (artículo 44, fracción II). Las cuotas de administración incluyen expresamente seguridad (artículo 81, fracción I).

La Asamblea designa a la persona administradora (artículo 50), que ejecuta los acuerdos adoptados (artículo 56, fracción VIII). Todo condominio debe contar con un Comité de Vigilancia (artículo 62); éste supervisa a la administración y coadyuva respecto de personas prestadoras de servicios (artículo 64, fracciones I, II y VIII). El acta debe precisar servicio, áreas, proveedor, plazo, presupuesto, facultad de firma y supervisión. Votar “seguridad” sin esos elementos no identifica qué se contrató ni con qué autorización estatal se cotejará.

La mora no habilita cortar servicios básicos

La Asamblea puede iniciar acciones contra personas condóminas morosas e incluir restricción en áreas comunes (artículo 47, fracción XIII). Para servicios comunes no esenciales, la persona administradora necesita autorización expresa del Comité de Vigilancia y una notificación escrita o por correo electrónico con al menos 48 horas de anticipación (artículo 86).

El límite está escrito sin ambigüedad: no se pueden suspender agua potable, electricidad ni gas doméstico. El agua no es la única exclusión. Una regla interna que diga algo distinto no desplaza esa prohibición legal, y una mora tampoco convierte la restricción de áreas comunes en permiso para afectar servicios básicos. El acuerdo, la notificación y el tipo de servicio deben poder mostrarse por separado.

La ENVIPE fija la escala del diagnóstico, no la validez del permiso

La ENVIPE 2025 estima 23.3% de hogares con al menos una víctima durante 2024, equivalente a 241,820 de 1,039,812 hogares estimados. Su cifra oculta es 96.5% de delitos sin denuncia o carpeta de investigación. Esas cifras justifican que una bitácora conserve información que después permita explicar una incidencia; no autorizan a una empresa ni sustituyen la denuncia cuando procede.

El dato de percepción para el espacio próximo es 31.6% de población de 18 años y más que considera insegura su colonia o localidad, levantado en marzo y abril de 2025. Para la entidad completa, ENVIPE reporta 81.2%. Mezclar ambas escalas distorsiona la discusión de una caseta: una cifra es sobre colonia o localidad y la otra sobre toda la entidad.

Las medidas preventivas representaron 45.9% de los 3.9 mil millones de pesos estimados como costo de inseguridad y delito para hogares en 2024. La encuesta incluye, entre otras medidas, contratar vigilancia privada en calle o colonia. Un gasto de prevención puede orientar el presupuesto; la verificación del proveedor sigue en la autorización, la revalidación, la fianza y el personal identificable.

La resolución de salarios mínimos de 2026 enumera los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte y coloca al resto de municipios del país en la Zona del Salario Mínimo General. No incluye municipios de Guerrero. Desde el 1 de enero de 2026, el piso general aplicable es $315.04 diarios, equivalentes a $9,582.47 mensuales. Una tarifa debe poder explicar cómo cubre ese mínimo y las cargas laborales sin presentar el precio como prueba de autorización.

La decisión que conviene protocolizar antes de firmar

El acuerdo que conviene dejar por escrito no es solo “se aprueba vigilancia”. Debe identificar a la empresa, la modalidad de seguridad privada en los bienes, los municipios que aparecen en su autorización, la fecha exacta de revalidación, el personal y sus cédulas, la póliza de fianza, el presupuesto y quién revisará los reportes mensuales. En Guerrero, anotar también la confirmación oficial del plazo de revalidación evita que el expediente dependa de una contradicción entre la Ley y el Manual.

Fuentes oficiales: Ley Número 850 de Seguridad Privada del Estado de Guerrero, Periódico Oficial edición 67, alcance III, 20-08-2024 (arts. 4, 7 a 35, 43 a 50, 71, 74 y transitorios); historial oficial de la Ley 850; Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública, arts. 151 a 153, reforma P.O. 30-12-2025; Ley Orgánica Número 242, art. 22, apartado A, fr. VI; directorio de la Secretaría de Seguridad Pública; Manual de Trámites y Servicios de la SSP, marzo de 2025, pp. 10 a 13 y 27 a 28; Ley Número 240 de Propiedad en Condominio, P.O. 42, alcance I, 27-05-2025 (arts. 37, 39, 44, 47, 50, 56, 62, 64, 81 y 86); ENVIPE 2025, Guerrero, INEGI; resolución de salarios mínimos 2026, DOF 09-12-2025.