Campeche para comités y administradores de condominio

El documento previo no cubre el puesto

La Ley permite a la Secretaría expedir una resolución administrativa de viabilidad antes de dar una autorización. Esa resolución le comunica a quien solicita el trámite cuáles requisitos específicos debe cumplir para la modalidad elegida y bajo qué plazo; no lo habilita para prestar el servicio. El texto es explícito: la viabilidad no constituye autorización (artículo 190).

Para un condominio, la diferencia cambia lo que se revisa antes de firmar. El documento operativo debe ser la autorización —o su revalidación— en formato oficial, con número, condiciones, vigencia y modalidades. Una empresa que exhibe solamente una viabilidad todavía debe mostrar el acto posterior que la Secretaría consideró procedente. No basta con una carpeta presentada ni con la promesa de que el expediente está avanzando.

El marco no es una ley especial independiente. Es el Título Décimo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, expedida por Decreto 186 y publicada en el Periódico Oficial núm. 5621, Segunda Sección, el 1 de diciembre de 2014. El artículo 170 exige autorización previa para proteger, vigilar o custodiar personas, lugares, establecimientos, bienes o valores; el artículo 181 entrega a la Secretaría la emisión, control, supervisión y visitas de verificación.

La resolución administrativa de viabilidad no constituye una autorización. — Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, artículo 190.

La Secretaría que actualmente publica el trámite es la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Su página indica que las solicitudes se reciben por la Unidad de Registro y ofrece el reglamento, requisitos, formato y listado de empresas. Es una confirmación de ventanilla y evidencia pública disponible; la atribución jurídica sigue siendo la que la Ley formula para la Secretaría.

Una anualidad con un límite de tres revalidaciones

El permiso dura un año y puede revalidarse hasta por tres años más. Al concluir ese último plazo, el artículo 185 exige una autorización nueva. La consecuencia práctica es que una secuencia de documentos debe poder mostrar el acto vigente de ese año y, cuando corresponda, las revalidaciones anteriores; una constancia antigua no se vuelve actual por acumular sellos.

La revalidación se solicita veinte días hábiles antes de que venza la autorización. También exige atender lo que el Reglamento determine sobre cambios o subsistencia de los datos que fundaron el permiso, así como los planes y programas de capacitación realizados (artículo 192). Si el contrato cubre bienes inmuebles, conviene cotejar que la modalidad autorizada incluya el alcance que se contrató y que la fecha no venza a mitad del periodo pactado.

El artículo 189 enumera la base del expediente: personalidad, domicilios de oficina principal y sucursales, medios humanos, materiales, técnicos y financieros; reglamento interior, estructura, dirección, manuales e instructivos operativos; planes de capacitación y constancias de capacitación. Para los elementos operativos, el artículo 195 suma mayoría de edad, inscripción en el registro estatal, capacitación de la modalidad y restricciones para personas separadas de corporaciones o integrantes activos de seguridad pública, procuración de justicia o fuerzas armadas.

Una certificación anunciada como SETEC no existe; la diferencia entre constancia DC-3, registro DC-5 y el estándar voluntario EC0060 de CONOCER está explicada en esta guía sobre la falsa certificación SETEC. En Campeche, además, la Ley exige al prestador aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo (artículo 196, fracción V).

La fianza aparece al final de la ruta, no al inicio

Una solicitud puede ser viable y aun así faltar la fianza. El artículo 191 ubica la póliza después de que la autorización sea procedente: en los diez días hábiles siguientes, el solicitante presenta el comprobante de derechos y una fianza emitida por institución autorizada a favor del Gobierno del Estado.

La Ley no establece un monto único para todas las empresas. Fija un máximo de hasta cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado y ordena al Reglamento precisar el importe por modalidad y las condiciones para otorgarla. Una póliza que llega a la Asamblea requiere, por tanto, cuatro comprobaciones: que la afianzadora sea la emisora, que el beneficiario sea el Gobierno estatal, que su vigencia corresponda al permiso y que el importe tenga fundamento para la modalidad autorizada.

El portal institucional enlaza el Reglamento para descarga, pero su enlace conduce a un documento alojado fuera del dominio gubernamental y no expone en la ficha accesible la fecha de publicación en el Periódico Oficial ni reformas posteriores. Ese es un hueco documental, no una autorización para sustituir el monto por una cifra de mercado. La cifra que deba aplicarse a un expediente concreto se pide por escrito a la Unidad de Registro con referencia a modalidad y fecha.

El registro da pistas; el acto individual da cobertura

Los artículos 162 y 163 crean el Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. Debe concentrar, entre otros datos, autorizaciones, revalidaciones, modificaciones, modalidades, representantes, personal operativo, vehículos, uniformes, armamento, capacitación y sanciones. El artículo 184 añade que la Secretaría debe expedir constancia escrita de la información, registro, folio o certificación que proporcione al Registro.

La página estatal de Seguridad Privada enlaza públicamente un listado de empresas con autorización vigente. La propia página responde y sirve para encontrar la evidencia publicada; el archivo se descarga desde un servicio externo, por lo que no se usa esa URL como enlace ni se le atribuye una actualización que el comité no haya comprobado.

Un listado tampoco revela por sí solo el servicio exacto de una caseta. Antes de llevar el asunto a Asamblea, el expediente puede organizarse con esta secuencia:

• Razón social del contrato y número de autorización o revalidación.
• Modalidad aplicable a la protección o custodia de bienes inmuebles.
• Fecha de inicio y vencimiento del acto estatal frente a la duración del contrato.
• Relación de elementos asignados y evidencia de capacitación que corresponda al puesto.
• Fianza, cuando proceda, con beneficiario, vigencia e importe respaldado por el trámite.

La lista no sustituye ninguno de esos documentos; ayuda a formular una solicitud de confirmación que sí los identifique.

La ley del condominio nombra al vigilante como parte común

El marco condominal aplicable es la Ley de Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Condominios y Uso de Inmuebles en Tiempo Compartido del Estado de Campeche. Su artículo 78 incluye entre los bienes comunes los locales destinados a administración, portería y alojamiento del portero y los vigilantes, así como los locales y obras de seguridad. La seguridad aparece en la norma, pero no mediante una facultad textual que diga que una persona administradora puede contratar por cuenta propia a cualquier proveedor.

La Asamblea es el órgano supremo y sus resoluciones se toman por mayoría simple de votos, salvo que la Ley o el reglamento condominal establezcan una mayoría especial (artículo 91). Entre sus facultades, el artículo 94 está en condiciones de sostener el presupuesto: establece cuotas para fondos de mantenimiento, administración y reserva. El administrador vigila bienes y servicios comunes, ejecuta los acuerdos de Asamblea y recauda cuotas (artículo 96).

El Comité de Vigilancia sí existe. Puede convocar a Asamblea junto con el administrador, condóminos y acreedores en los supuestos del artículo 98. También interviene su presidencia en la liquidación de adeudos que habilita la acción ejecutiva civil (artículo 102). Esas funciones no equivalen a una autorización estatal para la empresa ni desplazan el acuerdo de Asamblea, el reglamento interno o la escritura constitutiva.

La mora tiene vías de cobro, no un permiso de corte

Cuando hay tres recibos pendientes, el artículo 102 permite acción ejecutiva civil mediante una liquidación firmada por la administración y la presidencia del Comité de Vigilancia, acompañada de recibos y acta de Asamblea. Para incumplimiento reiterado, el artículo 103 permite que la Asamblea, con al menos 75% de los condóminos, demande la venta de derechos; y el artículo 104 trata la desocupación de un ocupante no propietario con consentimiento del condómino.

En esos preceptos no se localizó autorización para suspender agua, electricidad, gas u otro servicio a una persona morosa. El artículo 81, por su parte, protege el uso de bienes comunes y servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y destino, sin restringir o hacer más oneroso el derecho de las demás personas. Convertir la caseta en mecanismo de cobro mezcla una controversia de cuotas con una orden de acceso que la Ley no entrega de manera expresa.

El acuerdo más sólido deja separados presupuesto, obligación de pago y reglas operativas. El acta puede identificar el proveedor, el servicio, las áreas y el responsable de recibir reportes; el reglamento puede detallar cómo se registran visitas y excepciones. Ninguno reemplaza la autorización estatal, y la autorización tampoco decide las facultades internas del condominio.

La ENVIPE separa el entorno cercano de la entidad

La ENVIPE 2025 estima que 21.9% de los hogares en Campeche tuvo al menos una víctima de delito durante 2024. Para la percepción recogida en marzo y abril de 2025, 40.2% de la población de 18 años y más considera insegura su colonia o localidad; para la entidad completa, el dato es 68.9%. Usar la cifra estatal como diagnóstico de la calle del condominio cambia la pregunta que realmente responde la encuesta.

La cifra oculta llegó a 90.2%: son delitos en los que no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Los registros de acceso, novedades y reportes no tienen el efecto jurídico de una denuncia, pero permiten fijar hechos antes de que se pierda la secuencia de un turno. Su contenido debe ser proporcional: hora, hecho, instrucción recibida, respuesta y entrega, no expedientes personales innecesarios.

El gasto estimado por costos del delito incluyó 51.2% en medidas preventivas. La ENVIPE coloca entre ellas alarmas, seguros, armas, cambio de domicilio y contratación de vigilancia privada en calle o colonia. La cifra describe cómo gastan los hogares; no dice qué modalidad debe contratar un condominio ni confirma la autorización de una razón social.

El piso laboral no depende del municipio campechano

La resolución de salarios mínimos para 2026 enumera los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte en seis entidades: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ningún municipio de Campeche aparece en ese listado. El resolutivo clasifica el resto del país en la Zona del Salario Mínimo General.

Desde el 1 de enero de 2026, el piso aplicable en toda la entidad es $315.04 diarios, equivalentes a $9,582.47 mensuales. No es una tarifa por turno ni el costo total de vigilancia. A ese mínimo se agregan prestaciones, relevos, supervisión, equipo, administración, impuestos y el alcance real de la orden de puesto. Una cotización que no logra explicar esos componentes todavía no permite a la Asamblea reconocer qué servicio está presupuestando.

El dato que debe conservarse no es el nombre comercial

La información útil al cierre de una revisión cabe en una hoja: razón social que firma, número de autorización o revalidación, modalidad, vencimiento, fianza cuando corresponda y acuerdo de Asamblea que define el puesto. Esos datos conectan la ley estatal, el registro y la operación cotidiana sin pedirle a una credencial que pruebe lo que solo puede probar el acto administrativo.

La siguiente revisión puede empezar por el folio de la autorización, no por el logotipo. Si el proveedor no puede relacionar ese folio con la modalidad de bienes inmuebles y el periodo del contrato, falta todavía la evidencia que convierte una propuesta en un servicio verificable.

Fuentes oficiales: Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, Decreto 186, P.O. núm. 5621, Segunda Sección, 01-12-2014; última modificación listada, Decreto 410, P.O. 09-10-2024 (Título Décimo, arts. 170 a 208); Seguridad Privada de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana; Ley de Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Condominios y Uso de Inmuebles en Tiempo Compartido (arts. 78, 81, 91, 94, 96, 98 y 102 a 104); ENVIPE 2025, Campeche, INEGI, presentación estatal; resolución de salarios mínimos 2026, DOF 09-12-2025.