Nayarit para comités y administradores de condominio

La barrera no decide sola cuando llega una visita sin folio

En una privada residencial, el primer roce serio del día puede parecer pequeño: un proveedor llega antes de que el residente conteste, un trabajador dice que viene cada semana y una camioneta pide entrar por el acceso de servicio. Si el elemento improvisa, el condominio pierde trazabilidad justo en el momento en que necesita reconstruir una decisión. La orden de puesto y la autorización estatal del proveedor son dos documentos distintos, pero deben describir el mismo servicio: vigilancia de inmuebles.

Nayarit no tiene una ley especial llamada “Ley de Seguridad Privada”. La materia está en el Título Décimo de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y en el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Nayarit. El artículo 151, fracción I, de la Ley incluye expresamente la vigilancia de inmuebles; el artículo 5 del Reglamento prohíbe prestarla sin autorización y registro previos.

Hay un desfase que no conviene ocultar. El Reglamento de 2003 llama “Secretaría General de Gobierno” a la dependencia y “Dirección General de Seguridad Pública” a su unidad ejecutora. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente reconoce a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en su artículo 20, fracción XII, y le atribuye la materia en el artículo 40 B. Las fichas oficiales identifican a la Dirección General de Normatividad como la unidad que registra, autoriza y revalida. Es un cambio de denominación y adscripción comprobado por fuentes actuales; no hay base para afirmar que haya renumerado los artículos del Título Décimo.

Permiso anual, fianza y una ventana que empieza antes de enero

El permiso es personal e intransferible y dura un año (Ley, artículo 155; Reglamento, artículo 10). La ficha oficial de trámite aclara que vence el 31 de diciembre del ejercicio fiscal. Para la revalidación, el artículo 12 del Reglamento fija una ventana de veinte días hábiles antes de extinguirse la vigencia y da diez días hábiles para resolver; el artículo 155 de la Ley añade que el registro se refrenda en enero. Para no quedar entre las dos referencias temporales, el expediente debe programarse por la primera fecha aplicable: veinte días hábiles antes del vencimiento.

El requisito económico no es una frase genérica de “estar afianzado”. El artículo 7, fracción XV, pide una póliza a favor de Finanzas por cinco mil veces el salario mínimo general vigente; el artículo 20 ordena que garantice las obligaciones de la autorización durante su año de vigencia y no pueda cancelarse sin aprobación de la beneficiaria. La ficha gubernamental vigente también exige seguro amplio, pero expresa la póliza en cinco mil UMA. Las dos fuentes oficiales no usan la misma unidad. Ese conflicto documental debe quedar como una consulta escrita a la Dirección General de Normatividad y no resolverse sustituyendo una unidad por otra en la cotización.

La solicitud no se reduce al acta constitutiva. El Reglamento exige manual de operaciones, programas de capacitación autorizados por la STPS, relación de personal, vehículos, uniformes, modelo de contrato registrado ante PROFECO, constancias de capacitación y listado de altas y bajas para el Registro Estatal (artículo 7, fracciones V a XIX). La ficha de autorización y revalidación añade, para su gestión vigente, inscripción al IMSS, programa de capacitación, pago de derechos y los documentos de fianza y revalidación. Un comité puede pedir esos soportes antes de firmar sin convertirse en autoridad: está comprobando que la promesa de cobertura tiene expediente.

El registro está previsto, pero no hay verificador público actual acreditado

El artículo 13 del Reglamento crea el Registro de Empresas Privadas de Seguridad como sistema de consulta y acopio con datos de prestadores, personal, equipo, armamento, servicios y cobertura; el artículo 14 ordena mantenerlo actualizado. También prevé que las empresas con autorización federal reporten a la Dirección, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, altas y bajas de personal y equipo.

El portal de trámites confirma que la Dirección General de Normatividad registra a empresas y a cada elemento, administrativos incluidos. Sin embargo, no se verificó una URL pública que permita comprobar una autorización vigente empresa por empresa. El PDF gubernamental localizado como directorio corresponde a 2020, por lo que no es prueba de estatus presente y este hub no usa padronUrl. El hueco es deliberado: pide al proveedor su tarjetón, revalidación y póliza del ejercicio, y solicita a la Dirección que confirme el folio si un documento genera duda.

El reporte no es opcional después del alta. El artículo 23, fracción VIII, exige informar, en los primeros cinco días hábiles de cada mes, altas y bajas del personal directivo, administrativo y operativo, junto con la causa; la fracción XXIV manda exámenes médico, psicológico y toxicológico anuales y sus resultados dentro de diez días hábiles. La Ley, en su artículo 152, fracción III, también ordena aviso de altas y bajas en los primeros cinco días del mes, e inmediato si la baja fue por un probable delito. Para la caseta, eso se traduce en una pregunta simple al supervisor: ¿la lista de elementos asignados coincide con la última relación reportada?

Asamblea, administrador y Comité de Vigilancia: quién puede aprobar el gasto

La Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Nayarit, publicada el 12 de junio de 2002 y con última reforma publicada el 8 de noviembre de 2016, organiza la Asamblea General, el administrador y el Comité de Vigilancia. La Asamblea es el órgano supremo (artículo 25); el administrador cuida y vigila los bienes y servicios comunes (artículo 35, fracción II), y el Comité de Vigilancia supervisa el desempeño administrativo conforme a la Ley y el reglamento interno.

La ley usa “vigilancia” para el Comité y para el deber del administrador, pero no contiene una facultad que diga literalmente “contratar guardias” o “contratar seguridad privada”. El camino jurídico para un contrato de vigilancia ordinario está en dos facultades de la Asamblea: aprobar el presupuesto de gastos del año siguiente y adoptar medidas sobre asuntos de interés común que no estén conferidos al administrador (artículo 29, fracciones IX y XI).

La regla de voto es mayoría simple de los votos presentes, excepto cuando la Ley, escritura constitutiva o reglamento exijan una especial (artículo 27, fracción II). Cada voto representa el porcentaje de indiviso de la unidad (fracción III). Una mayoría reforzada puede aparecer cuando la decisión cambie escritura, reglamento u obra nueva; el contrato que cabe en el presupuesto no se transforma en obra solo porque el proveedor opere una caseta existente. Si el proyecto incorpora una construcción nueva, la asamblea extraordinaria y sus reglas propias sí deben revisarse antes de votar.

Al moroso se le cobra; la Ley no entrega un botón para cortar servicios

El artículo 48 dispone intereses para cuotas atrasadas y da fuerza ejecutiva al estado de liquidación firmado por administrador y presidencia del Comité de Vigilancia, con recibos pendientes y copia certificada del acuerdo o reglamento que fijó las cuotas. La acción requiere por lo menos tres recibos sin pagar. El reglamento interno puede autorizar que, mientras se recupera, el administrador distribuya el adeudo entre los demás condóminos según su indiviso, con reembolso e intereses cuando se cobre.

La Ley no autoriza expresamente suspender agua potable, electricidad, gas, internet, amenidades o acceso como mecanismo de cobranza. Tampoco contiene una prohibición específica del agua potable. La consecuencia jurídica verificable es más estrecha: la norma ofrece intereses, vía ejecutiva y, ante incumplimiento reiterado, una asamblea con presencia mínima de 75% del valor del condominio para decidir las acciones del artículo 49. Un reglamento interno que anuncie un corte automático necesita revisión jurídica antes de aplicarse; no puede presentarse como una facultad que esta Ley ya haya concedido.

Las cuatro cifras no describen la misma cosa

La ENVIPE 2025 de Nayarit, publicada por INEGI, separa el año de ocurrencia de delitos del momento de la percepción. Sus cuatro cifras útiles para una asamblea son estas:

• 20.1% de los hogares tuvo al menos una víctima durante 2024: 84,122 de 417,918 hogares estimados.
• 25.2% de la población de 18 años y más considera insegura su colonia o localidad durante marzo y abril de 2025. La percepción de la entidad completa es 54.2%; no es intercambiable con la del entorno inmediato.
• 91.8% de los delitos de 2024 no tuvo denuncia o carpeta de investigación.
• 47.5% del gasto por costos del delito correspondió a medidas preventivas; el costo total estimado para hogares fue de 1.1 mil millones de pesos.

La resolución de salarios mínimos publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2025 enumera los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte y sitúa a todos los demás en la zona general. No enumera municipios nayaritas. El piso general de 2026 es $315.04 diarios, o $9,582.47 mensuales; una tarifa que parta de menos no explica una eficiencia, parte de un mínimo legal incumplido.

Antes de autorizar el siguiente turno

Pide al proveedor, en un solo correo, cuatro piezas con vigencia identificable: el tarjetón de autorización o revalidación para vigilancia de inmuebles, la póliza de fianza, la relación vigente del personal asignado y el programa de capacitación aplicable al puesto. Compáralas contra el acta que aprobó el presupuesto y la orden de puesto de la caseta. Si un nombre, modalidad o fecha no coincide, no lo resuelvas con una explicación verbal: deja la discrepancia anotada y solicita confirmación a la Dirección General de Normatividad antes de permitir que opere el turno.

Fuentes oficiales: Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Título Décimo, arts. 146 a 158, publicada 20-05-2009 y reformas identificadas en el texto vigente; Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Nayarit, Periódico Oficial, tercera sección, 08-10-2003 (arts. 4, 5, 7, 10, 12 a 14, 17 a 20 y 23); Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, arts. 20 y 40 B; fichas oficiales de autorización y registro; Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles, publicada 12-06-2002, última reforma 08-11-2016 (arts. 25, 27, 29, 35, 48 y 49); ENVIPE 2025, Nayarit, INEGI; resolución de salarios mínimos 2026, DOF 09-12-2025; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, DOF 16-07-2025.