Colima para comités y administradores de condominio

Entre el puerto y el valle, la verificación empieza antes de la caseta

El litoral de Manzanillo y el valle donde se concentran Colima y Villa de Álvarez no plantean el mismo flujo de visitantes, pero comparten una condición material: la caseta es un punto de decisión en inmuebles donde residentes, proveedores y personal de servicio llegan a horas distintas. El reglamento estatal no permite resolver eso con una empresa improvisada. La autorización es anual por ejercicio fiscal, y la modalidad de vigilancia en inmuebles debe figurar en el permiso cuando eso es lo que se compra.

El marco no es una ley especial. La base es el Libro Tercero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima y el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 19 de octubre de 2019.

Hay un detalle que merece ir al expediente del proveedor. El artículo 1 del Reglamento remite de forma general al Libro Tercero de la Ley, sin enumerar los artículos 199 a 204, aunque conserva denominaciones heredadas. Los artículos 199, 203 y 204 pertenecían a la ley abrogada de 2014 (autorización, control y Dirección, y modalidades, respectivamente); la ficha estatal de trámite todavía cita el 199 de esa ley. Los artículos 149, sobre autorización, y 153, sobre la Dirección General de Seguridad Privada, están vigentes desde el Decreto 325 de 2020; el Decreto 222, publicado el 31 de diciembre de 2025, solo reformó su contenido. Lo que no conviene aceptar sin leer es una cita que use el número viejo como si fuera la norma vigente.

Autorización fiscal, revalidación y lo que sí debe respaldar el proveedor

La persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puede autorizar la prestación de estos servicios (Ley, artículo 149). La Dirección General de Seguridad Privada depende directamente de esa Secretaría y concentra dirección, operación, control, supervisión, planeación y evaluación (artículo 153.2). Antes de expedir el permiso, la Dirección realiza inspección técnica y formula el dictamen legal (Reglamento, artículo 18).

El permiso tiene vigencia por el ejercicio fiscal de su expedición, no por doce meses contados libremente desde la fecha que el proveedor prefiera (artículo 19). El refrendo debe solicitarse dentro de los treinta días naturales previos al vencimiento; si se necesita completar información, puede otorgarse un plazo adicional solicitado de treinta días hábiles. No completar el trámite lleva a cancelación de autorización y registro (artículos 22 y 23).

El texto no exige fianza. Exige otra cobertura: un seguro colectivo con aseguradora de reconocida solvencia para los daños que el personal pueda causar a clientes o terceros (artículo 44). Es una distinción concreta para una asamblea: una fianza y una póliza no se prueban con el mismo documento ni cubren el mismo riesgo.

Tampoco basta con una credencial genérica. El artículo 34 exige secundaria terminada, mayoría de edad, ausencia de proceso o condena por delito doloso, exámenes médico, psicológico y toxicológico aprobados, capacitación e inscripción en el Registro Estatal. Para vigilancia en inmuebles, el prestador debe contar al menos con un jefe de seguridad que obtenga opinión favorable de la Dirección (artículo 42).

El reporte recurrente vence a más tardar el tercer día hábil de cada mes. Debe abarcar altas, bajas, consultas, clientes, radiocomunicación, armamento, vehículos y equipo; una baja incluye su causa y los procedimientos laborales que afecten a la persona trabajadora, si los hay (artículo 33). Si una cotización promete una plantilla estable, esa obligación permite pedir evidencia de que la autoridad recibe los movimientos reales.

El registro existe; la consulta pública vigente no quedó acreditada

La Dirección debe implementar y mantener el Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada (Reglamento, artículo 31). Pero el artículo 32 declara confidencial la información que contiene. El reglamento interior de la Secretaría encarga además a la Dirección General administrar ese padrón.

La Secretaría anunció que actualiza mensualmente un directorio de empresas registradas y verificadas. Sin embargo, no fue posible validar una URL pública vigente que permita consultar ese directorio ahora mismo; por eso este hub no publica un enlace como si fuera un padrón disponible. El hueco no se llena con un listado viejo ni con un portal de proveedores: para confirmar un permiso se debe solicitar al prestador su acuerdo estatal y su refrendo del ejercicio, y contrastarlos con la Dirección General.

La modalidad de guardia urbana hace más importante esa comprobación. El Reglamento la define como el servicio que habitantes de colonias, fraccionamientos y zonas residenciales urbanas organizan a su costa para resguardar casas-habitación (artículo 3.2). Que la vigilancia nazca de vecinos no la saca del régimen de autorización.

La asamblea puede decidir vigilancia, pero la ley no la regula como servicio separado

La Ley de Condominios, Reglamentaria del Artículo 947 del Código Civil, publicada el 31 de octubre de 1981 y reformada por Decreto 273 el 20 de mayo de 2023, organiza al condominio mediante la Asociación de Condóminos, la Asamblea General, el administrador y un Comité de Vigilancia de una a tres personas (artículos 20 y 22, fracción III).

La Asamblea General es el órgano supremo. Cada voto equivale al porcentaje del valor de la unidad, y sus resoluciones se toman por mayoría simple, salvo que la ley o el reglamento del condominio exijan una mayoría especial (artículo 20, fracciones II y IV). Para contratar vigilancia, el apoyo normativo no es una fracción que diga “contrato de guardias”: está en aprobar el presupuesto anual (artículo 22, fracción VI) y adoptar medidas sobre asuntos de interés común que no pertenezcan al administrador (fracción X). Si el reglamento interno reserva esa decisión o eleva la mayoría, esa regla particular debe revisarse antes de votar.

La ley sí menciona a los vigilantes, pero de un modo limitado: trata como bien común los locales destinados a portería y alojamiento del portero y de los vigilantes (artículo 9, fracción II). No crea un comité de seguridad, no detalla control de acceso ni escribe un estándar de contratación. El administrador cuida y vigila los bienes y servicios comunes y ejecuta los acuerdos de la Asamblea (artículo 24, fracciones I, III, IV y VI); la orden de puesto y el contrato son los documentos que tienen que traducir esa responsabilidad en operación.

Al moroso, cobro y vía civil; no corte automático de servicios

El estado de liquidación suscrito por administrador y Comité de Vigilancia puede traer aparejada ejecución en vía ejecutiva civil cuando hay tres recibos pendientes, junto con los documentos que acrediten las cuotas (Ley de Condominios, artículo 32). El reglamento interno puede permitir que el adeudo se distribuya temporalmente entre los demás condóminos, con reembolso posterior. Para incumplimiento reiterado, la asamblea puede acordar con al menos 75% demandar la venta de derechos en subasta pública (artículo 33).

La ley no autoriza a suspender agua potable, electricidad, gas ni acceso por ese adeudo. Al contrario, el artículo 12 reconoce el uso de servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y destino sin restringir o volver más oneroso el derecho de los demás. Como no hay una cláusula expresa que habilite la suspensión, un reglamento que la anuncie como cobro automático necesita revisión jurídica antes de aplicarse.

En cuanto a la seguridad, tampoco traslada la relación laboral al condominio: la Ley del Sistema de Seguridad Pública hace responsable al prestador de las obligaciones de su relación de servicio y laboral con el personal contratado (artículo 153.4). Eso no sustituye revisar el contrato, las altas de seguridad social y las constancias de capacitación del elemento asignado.

Cuatro cifras que no se deben mezclar

La ENVIPE 2025 de Colima separa los años y escalas de sus resultados: victimización y costos corresponden a 2024; percepción de seguridad, a marzo y abril de 2025.

• 23.4% de hogares tuvo al menos una víctima de delito durante 2024: 57,086 hogares de 244,342 estimados.
• 39.3% de la población de 18 años y más considera insegura su colonia o localidad. La cifra de la entidad completa es 81.2%; no responde la misma pregunta.
• 90.0% de los delitos no tuvo denuncia o carpeta de investigación. Una bitácora de caseta sirve precisamente para conservar información de hechos que nunca llegarán a una denuncia.
• 45.7% del gasto de los hogares por costos del delito fue para medidas preventivas; el costo total estimado fue de 1.7 mil millones de pesos.

Para todo Colima aplica el mínimo general de 2026: $315.04 diarios o $9,582.47 mensuales. La resolución de la CONASAMI publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2025 enumera los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte y coloca al resto del país en la Zona del Salario Mínimo General; no incluye municipios colimenses.

La orden de puesto tiene que soportar el trayecto completo

La apertura de esta guía parte de una condición física: entre la costa de Manzanillo y el valle de Colima, el flujo que llega a una caseta no tiene una sola rutina. La parte legal no cambia esa realidad, pero sí fija el mínimo verificable: modalidad autorizada, permiso del ejercicio fiscal, refrendo oportuno, personal registrado y un acuerdo de asamblea que pague lo que decidió. Cuando esos documentos describen el mismo puesto que opera en el acceso, la caseta deja de depender de memoria y empieza a tener respaldo.

Fuentes oficiales: Decreto 222, Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, Periódico Oficial “El Estado de Colima”, núm. 129, supl. 1, 31-12-2025 (arts. 149, 153, 157 y 162); Decreto 325, Periódico Oficial núm. 76, suplemento 1, 14-11-2020; Ley abrogada de 2014 (arts. 199, 203 y 204); Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Colima, Periódico Oficial núm. 76, supl. 1, 19-10-2019 (arts. 3, 12, 18, 19, 22, 23, 31 a 36, 42, 44 a 46); Ley de Condominios, Reglamentaria del Artículo 947 del Código Civil, publicada 31-10-1981, reforma Decreto 273, 20-05-2023 (arts. 9, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 32 y 33); ENVIPE 2025, Colima, INEGI; Resolución de salarios mínimos 2026, DOF 09-12-2025.