Morelos para comités y administradores de condominio

Un número que encabeza el país y dos que casi nadie publica

Morelos aparece en primer lugar nacional en la medición de percepción de inseguridad que hace el INEGI. El Reporte de Resultados 33/25, del 18 de septiembre de 2025, lo dice con esa palabra: de las 32 entidades, la que obtuvo el porcentaje más alto fue Morelos, con 90.1% de la población de 18 años y más que considera inseguro vivir en su entidad federativa.

Es un dato real y conviene no maquillarlo. También conviene no usarlo mal, porque describe algo más grande que un condominio.

La ENVIPE formula esa pregunta tres veces, cambiando el ámbito geográfico. Cuando pregunta por la colonia o localidad, Morelos responde 56.2%. Cuando pregunta por espacios concretos —la calle, el cajero, el transporte, la casa—, el espacio donde menos gente se siente insegura en Morelos es su casa, con 26.1%. En el otro extremo, el cajero automático en la vía pública, con 83.4%.

Noventa, cincuenta y seis, veintiséis. La misma población, la misma encuesta, el mismo mes de levantamiento. Lo que cambia es la distancia. Y un condominio no administra el estado ni administra la casa: administra el tramo intermedio, que es donde el número está a la mitad.

La victimización, mientras tanto, va por otro carril: 30.2% de los hogares morelenses tuvo al menos una víctima de delito durante 2024, es decir 186,578 hogares de 618,117 estimados. Un comité que confunde el 90.1% con el 30.2% va a comprar un servicio dimensionado para un problema que no es el suyo. Uno que ignora el 90.1% va a presentar un presupuesto que la asamblea rechazará por razones que no aparecen en ninguna tabla.

Hay ley especial, y sigue con su texto original

En Morelos no hay que rastrear la seguridad privada dentro de la ley de seguridad pública. La Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos se aprobó el 6 de febrero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5793 el 11 de marzo de 2020 y entró en vigor al día siguiente. Su Reglamento se publicó en el número 5956 del 23 de junio de 2021 y abrogó expresamente el reglamento de 2011.

Los textos que publica la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal marcan ambos ordenamientos como texto original. Ni la ley ni el reglamento han sido reformados. Para un comité eso es una ventaja poco común: lo que dice el documento es lo que aplica, sin capas de decretos encima.

La autorización dura un año y se revalida por el mismo tiempo. Es personal, inalienable e intransferible, y contiene las modalidades autorizadas y las condiciones a que se sujeta el servicio. La empresa sostiene una fianza de 5,000 UMA diarias a favor de la Secretaría de Hacienda del Estado, con una leyenda que la propia ley redacta palabra por palabra y que no puede cancelarse ni suspenderse sin autorización previa de la beneficiaria. Con el valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026 —117.31 pesos diarios—, esa fianza equivale a alrededor de 586,550 pesos.

Al elemento, Morelos le pide un conjunto de requisitos que está repartido entre dos documentos, y ahí hay una trampa. El artículo 41 de la ley exige carecer de antecedentes penales, ser mayor de edad, estar inscrito en el Registro Estatal, estar capacitado en la modalidad, no ser miembro activo de una institución de seguridad pública ni de las fuerzas armadas, y acreditar los exámenes de control de confianza. No pide escolaridad. El artículo 35 del Reglamento sí: enseñanza básica acreditada, entre otras trece piezas de expediente que incluyen comprobante de domicilio con croquis de localización y referencia de dos familiares con nombre completo y domicilio. La cartilla militar liberada aparece solo para el personal de traslado y custodia de valores.

Hay un detalle del control de confianza que conviene leer con cuidado. La ley define en su artículo 4 al CECC, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, y lo usa en varios artículos. Pero el artículo 41, fracción VII, manda que las evaluaciones de control de confianza del personal operativo se lleven a cabo en la Fiscalía General del Estado. Son dos instituciones distintas dentro de la misma ley y para el mismo requisito.

Sobre capacitación, Morelos hace algo que pocos estados hacen: el artículo 46 enumera trece materias por nombre —marco jurídico, inducción, derechos humanos, violencia de género, relaciones humanas, ABC del fuego, primeros auxilios, técnicas y tácticas, radiocomunicación, orden cerrado y tres de protección de instalaciones y funcionarios—. Lo que no fija, ni la ley estatal ni la federal, es un mínimo de horas. Ese hueco se cierra por contrato, no por norma. Lo que sí es un piso duro es la antigüedad del capacitador: la ley y el artículo 56 del Reglamento exigen que los centros privados tengan diez años como mínimo de experiencia y reconocimiento oficial. Si alguien ofrece personal con certificación SETEC, conviene saber que esa certificación no existe.

La dependencia cambió de nombre y el padrón se fue con el sitio

Este es el punto que más problemas prácticos causa hoy en Morelos.

La ley de 2020 nombra en cada artículo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y a la Dirección General de Seguridad Privada adscrita a ella. Esa Comisión ya no existe. La Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 6349 extraordinario del 30 de septiembre de 2024, la convirtió en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su artículo 37, fracción XXII, le asigna regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de seguridad privada y expedir la autorización y revalidación. Y su disposición Séptima Transitoria ordena entender asignadas y referidas a la Secretaría las atribuciones conferidas a la Comisión.

La consecuencia documental es la que hay que anticipar en un expediente: una autorización expedida antes de octubre de 2024 dirá Comisión; una posterior debería decir Secretaría; y la ley que la funda seguirá diciendo Comisión en ambos casos. Eso no invalida nada, pero sí explica por qué dos carátulas del mismo proveedor pueden no coincidir en el membrete.

La consecuencia práctica es peor. El artículo 14 de la ley obliga a publicar en internet las autorizaciones, revalidaciones y sanciones. El artículo 6 del Reglamento manda que la Dirección tenga un padrón público con nombre o razón social, número de autorización, vigencia y modalidades, actualizado al mes anterior y publicado en la página electrónica oficial. En nuestras consultas de agosto de 2026, el dominio donde vivía ese padrón no resuelve en DNS, y el portal de trámites del gobierno estatal responde con un certificado de seguridad que expiró el 14 de febrero de 2026. Lo comprobamos desde dos redes independientes.

No sacamos de ahí ninguna conclusión sobre el estado permanente de la información. Sí sacamos una operativa: en Morelos, hoy, la verificación de un proveedor no puede depender de una búsqueda. Tiene que hacerse con papel, y si hay duda, por escrito ante la Dirección.

La norma que sí le habla al condominio no es la de condominios

La Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos es de 1994, con su última reforma publicada el 1 de abril de 2015. Nombra al portero y a los vigilantes —sus locales son bien común, artículo 15—, habla de obras de seguridad y obliga al administrador a montar un programa de protección civil con simulacros. Lo que no tiene es un artículo sobre contratar vigilancia. Su Comité de Vigilancia, pese al nombre, no vigila el inmueble: revisa los estados de cuenta del administrador.

Quien sí le habla directamente al condominio es la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos, publicada el 12 de agosto de 2020. Su Capítulo V se titula, literalmente, De la instalación de videocámaras en desarrollos inmobiliarios. El artículo 19 dice que los desarrollos de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, cuando celebren convenio de colaboración, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia. El artículo 20 encarga a la autoridad emitir lineamientos que fijen, como mínimo, el criterio para determinar cuántas cámaras debe instalar cada desarrollo.

Esos lineamientos existen. Se publicaron el 13 de octubre de 2021 y traen dos reglas con costo directo. La primera: el número de cámaras se determina en el convenio, atendiendo a capacidad técnica y presupuestal, dimensión geográfica, tipo de urbanización, cantidad poblacional y proyecto ejecutivo. La segunda, en el artículo 9: quien conecta sus cámaras al sistema estatal debe tener como mínimo un encargado por cada dos cámaras conectadas para revisar diariamente las grabaciones, ese personal firma carta de confidencialidad ante la autoridad, y el punto de instalación necesita luz eléctrica e internet las veinticuatro horas.

Y el artículo 62 de la ley pone sanciones con destinatario explícito: a establecimientos mercantiles, conjuntos urbanos, fraccionamientos, condominios y particulares, multa de 200 a 1,000 UMA por negarse a proporcionar información del sistema de videovigilancia a la autoridad competente o por no avisar que el equipo dejó de funcionar o fue alterado, y de 500 a 1,500 UMA por difundir grabaciones materia de una investigación en curso o por videovigilar a terceros sin su autorización. Con la UMA de 2026, el rango bajo va de 23,462 a 117,310 pesos.

Ochocientas mil viviendas y ciento veinte mil llaves que no están

El Censo de Población y Vivienda 2020 contó en Morelos 819,229 viviendas particulares. De ellas, 560,669 habitadas, 138,378 deshabitadas y 120,182 de uso temporal, que es la categoría censal de las viviendas destinadas a vacacionar, descansar o vivir algunos días. El 31.6% de las viviendas particulares del estado no estaba habitado, el valor más alto de la gráfica nacional que publica esa misma presentación del INEGI.

Traducido a la caseta de un condominio en el corredor de Cuernavaca hacia Jiutepec y Temixco: una parte del padrón de residentes no reside. Llega el viernes, se va el domingo, manda a un jardinero entre semana, recibe paquetería que nadie firma y otorga accesos por mensaje a personas que el guardia no conoce. Y cuando llega la asamblea, esos mismos propietarios no están.

Eso no es una anécdota de convivencia: es una condición de diseño del servicio y una condición de gobierno del condominio. Las cuatro guías que acompañan a esta página desarrollan lo que aquí queda enunciado —cómo se instala una asamblea con propietarios no residentes, cómo se verifica documentalmente a un proveedor cuando el padrón no responde, cómo se integra el costo de un puesto en un estado con un solo piso salarial, y qué decisión aguanta cada cifra de la ENVIPE—. Puedes contrastar el régimen morelense con el de otras entidades documentadas en el comparador estatal, y si lo que necesitas es trabajo de gabinete sobre un esquema que ya tienes, ahí sí podemos ayudar desde consultoría en seguridad y análisis de riesgos.

Queda un dato para reencuadrar todo lo anterior. En el estado con la percepción de inseguridad más alta del país, el lugar donde menos gente se siente insegura es su propia casa: 26.1%, contra 90.1% cuando la pregunta es por el estado. La distancia entre esos dos números —sesenta y cuatro puntos— no la cierra ninguna política pública en el plazo de un contrato de vigilancia. La cierra, tramo a tramo, quien controla el acceso, la iluminación y el rondín de las cien o doscientas casas que hay entre la colonia y la puerta.