Chihuahua para comités y administradores de condominio

Un solo permiso para dos mercados que no se parecen

La forma más rápida de equivocarse con Chihuahua es tratarlo como una plaza. En el papel regulatorio es una: hay una ley estatal, una autoridad y una autorización. En la aritmética laboral son dos, y la línea que las separa no es una frontera comercial ni una percepción de riesgo, sino un listado de municipios publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad Juárez está dentro de la Zona Libre de la Frontera Norte. La ciudad de Chihuahua no. Eso significa que el mismo puesto de vigilancia parte de $440.87 diarios en Juárez y de $315.04 en la capital, un cuarenta por ciento de diferencia en el renglón que domina la tarifa de un servicio de personal. Los otros siete municipios chihuahuenses de la zona —Janos, Ascensión, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides— son pequeños y no mueven el mercado residencial; Juárez sí.

A esa diferencia legal se le suma una de mercado que no está escrita en ninguna norma. En Juárez la seguridad privada no compite por personal solo contra otras empresas de seguridad: compite contra la industria manufacturera de exportación, que busca el mismo perfil y opera con turnos y prestaciones que el sector tiene difícil igualar. En la capital esa presión existe en otra escala. Dos pisos legales y dos mercados laborales producen dos estructuras de costo, y un proveedor que presenta el mismo precio hora para las dos plazas está necesariamente equivocado en una.

La ley que sí existe, el reglamento que no y la autoridad que la ley todavía nombra mal

Chihuahua no esconde la seguridad privada dentro de la ley de seguridad pública. Tiene ley especial desde el 29 de diciembre de 2012, con última reforma del 21 de julio de 2018, y cubre modalidades, autorización, revalidación, registro estatal, cédula del personal, obligaciones, inspecciones y sanciones.

Lo que no tiene es reglamento. El único Reglamento de Seguridad Privada publicado en el estado es del 23 de septiembre de 1995, se expidió con fundamento en el artículo 610 del Código Administrativo y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, antecede en diecisiete años a la ley que hoy rige, y ya no aparece en el listado de reglamentos vigentes que publica el Congreso del Estado, aunque su archivo sigue en línea. Lo dejamos declarado como hueco: no localizamos publicado ningún reglamento posterior a la ley de 2012.

El segundo desfase es de nombre. El artículo 3 dice que la Fiscalía General del Estado es la autoridad competente para autorizar, regular, controlar, supervisar y sancionar la seguridad privada, y toda la ley está redactada así. Pero el decreto publicado en el Periódico Oficial número 1 del 1 de enero de 2020 adicionó el artículo 35 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la atribución de regular, controlar y supervisar los servicios de seguridad privada, y en su Transitorio Segundo ordenó entender referidas a esa Secretaría las menciones a la Fiscalía que no fueron modificadas. El Reglamento Interior de la Secretaría, publicado el 25 de noviembre de 2023, aterrizó la competencia en la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial y en su Departamento de Seguridad Privada.

Para un comité el efecto es práctico, no académico: si tu contrato, tu pliego o la carátula que te entregó el proveedor nombran a la Fiscalía como autoridad, no están mal citando la ley, pero sí están mandando a una ventanilla que ya no resuelve. Y esa dirección tiene una particularidad que conviene conocer: además de autorizar y sancionar a las empresas privadas, presta ella misma servicios de protección, custodia y vigilancia a personas físicas y morales, por mandato de la fracción I del artículo 69 de su propio reglamento interior. Regulador y oferente en la misma unidad administrativa.

Enero, y solo enero

La vigencia es anual, y la revalidación tiene una peculiaridad de calendario que ordena todo el año regulatorio del estado: el artículo 34 manda revalidar durante el mes de enero de cada año, actualizando la póliza de fianza al valor vigente de la UMA. No corre desde la fecha de cada permiso: es la misma ventana de treinta y un días para todo el mercado.

Las consecuencias están escritas y son secas. Si la documentación llega incompleta, el artículo 35 da diez días hábiles improrrogables y después deniega. Si la solicitud no se presenta, el artículo 39 dice que la autorización queda sin efectos. No hay periodo de gracia redactado en ningún lado.

El mismo calendario alcanza al elemento. El artículo 45 fija que la Cédula de Identificación del Personal Operativo tiene vigencia hasta el cierre del ejercicio fiscal correspondiente, sin importar el mes en que se expidió, y el artículo 55, fracción XXXI, obliga a revalidarla cada año. Un guardia dado de alta en octubre trae una cédula que vence en diciembre.

El padrón responde, y hay que saber qué no dice

La Secretaría publica un padrón en línea bajo el nombre de Lista blanca, y responde: en la consulta de agosto de 2026 devolvió 422 registros vigentes y activos, que corresponden a 282 razones sociales, porque cada empresa aparece una vez por modalidad autorizada. De esos registros, 245 están en seguridad y protección de bienes.

Lo que el padrón muestra por registro es razón social, teléfono, modalidad y estatus. Lo que no muestra es tan importante como lo que sí: no hay número de autorización, no hay ventana de vigencia con fecha de inicio y fin, y no hay lista de municipios. Y esos tres campos son precisamente los que el artículo 32 de la ley manda que contenga la carátula del permiso. La consecuencia operativa es directa: el padrón sirve para saber si una empresa existe en el registro estatal, no para saber si su autorización sigue viva ni si cubre tu municipio. Eso se verifica con el documento en la mano.

Hay un segundo detalle que salta al leer el listado completo. Entre las modalidades del padrón aparece K9, con dieciocho registros. El artículo 30 de la ley enumera nueve modalidades y K9 no es una de ellas: el apoyo canino está regulado en el artículo 43 como un añadido con obligaciones propias —inventario, informe semestral avalado por veterinario, día de descanso semanal—, no como una modalidad autorizable. Es una categoría administrativa que la ley no creó.

Queda un hueco declarado del lado de la publicación oficial. El artículo 36 obliga a publicar, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, los nombres de los prestadores autorizados en el Periódico Oficial del Estado. El buscador del Periódico Oficial no devolvió ningún resultado para la expresión seguridad privada en nuestras consultas, aunque sí devuelve resultados para otras búsquedas. No concluimos que la publicación no exista: concluimos que no es localizable por esa vía, y que la consulta útil hoy es la Lista blanca.

Lo que el Código Civil le deja al administrador, y lo que Ciudad Juárez añade por su cuenta

Chihuahua no tiene ley de condominios. El régimen vive en el Código Civil del Estado, artículos 942 a 981, y su silencio sobre la vigilancia es notable: el articulado no regula la contratación de seguridad, no fija mayoría especial para aprobarla y no dice nada sobre responsabilidad laboral frente al personal de un proveedor. La única mención literal a la figura está en el artículo 952, fracción III, que enlista entre los bienes de propiedad común los locales destinados a la administración y al alojamiento de porteros y vigilantes, junto con las obras de seguridad de uso común. El Código nombra el cuarto del vigilante, no el contrato del vigilante.

En materia de morosos el Código también es explícito por omisión: no autoriza suspender ni restringir servicios. Lo que ofrece son intereses, título ejecutivo, garantía real que sigue a la unidad aunque cambie de dueño y, como medida extrema, la venta forzada de derechos aprobada por el 75 por ciento de la asamblea.

Sobre esa base estatal, Ciudad Juárez tiene además su propio reglamento municipal para empresas privadas de servicios de seguridad y vigilancia, aprobado en sesión de cabildo del 26 de febrero de 2004 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 40 del 19 de mayo de 2004, que crea autorización municipal, cédula de registro personal propia y reporte mensual de plantilla ante la dirección municipal. La capital del estado no tiene un ordenamiento equivalente publicado. Ese contraste —y lo que implica para verificar a un proveedor, para costear un puesto y para reclutar— es lo que desarrollan las cinco guías de esta entidad: qué obliga el Código Civil y con qué mayorías se aprueba cada cosa, cómo se verifica documentalmente al proveedor cuando la autorización es una y las plazas son dos, cómo se integra la tarifa con dos pisos salariales, qué le espera a quien entra a trabajar de guardia y cómo se arma un esquema corporativo de planta, patio y cruce. Mientras tanto, el expediente mínimo de seguridad sirve de base documental en cualquier entidad, puedes contrastar el régimen chihuahuense en el comparador estatal, y si lo que necesitas es trabajo de gabinete sobre un esquema que ya tienes, ahí sí podemos ayudar desde consultoría en seguridad y análisis de riesgos.

Vale cerrar con un número que suele leerse al revés. La ENVIPE 2025 reporta que 71.5% de la población adulta chihuahuense considera inseguro vivir en su entidad, y esa es la cifra que circula. La misma encuesta reporta que 30.4% considera inseguro su entorno más cercano, su colonia o su localidad. La brecha de cuarenta y un puntos entre una percepción y otra no es un error de medición: es la distancia entre lo que la gente sabe de su calle y lo que cree del estado. Una decisión de vigilancia que se toma sobre la primera cifra está dimensionando un problema que, a la escala en que se contrata la caseta, la propia encuesta mide mucho más chico.