Zacatecas para comités y administradores de condominio

La palabra “vigente” de una página no sustituye el acto de autorización

La consulta de la Secretaría de Seguridad Pública se anuncia como “empresas de seguridad privada con registro oficial vigente”. La primera precisión aparece en la propia pantalla: la tabla que fue posible comprobar está titulada Empresas Capacitadoras y muestra tres razones sociales, números de registro y fechas. El portal existe y aporta información pública; no demuestra por sí mismo que cualquier empresa que no aparezca esté impedida de operar, ni que una empresa publicada tenga autorizada la modalidad que un condominio quiere contratar.

Para un puesto de acceso, el documento que permite comprobar el alcance es la autorización o revalidación individual. Debe coincidir con la razón social del contrato, indicar su número de registro, fecha de vencimiento y modalidad. El Reglamento llama a esa modalidad servicio de vigilancia en inmuebles (artículo 5, fracción I). Un anuncio, una credencial o una razón social conocida no añaden esa cobertura.

La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas no es una ley especial separada de seguridad privada. Su Capítulo XIX dispone que el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, puede autorizar el funcionamiento de estos servicios (artículo 119), incluso cuando el prestador tenga autorización federal. El artículo 123 encarga a la Secretaría otorgar autorización, llevar el registro, evaluar el funcionamiento y sancionar. El Reglamento para el Registro y Revalidación baja esa operación a la Dirección de Empresas de Seguridad Privada (artículos 3 y 4).

La autorización es personal e intransferible; contiene fecha de expedición, vencimiento, registro, modalidades y condiciones. — Reglamento, artículo 13.

La cita importa por su estructura, no por su apariencia. Si el documento del proveedor no permite reconocer esos campos, el comité no puede cotejar el acto administrativo con el servicio que se ofrece en la caseta.

Un permiso anual se prepara antes del vencimiento

La autorización dura un año y puede revalidarse cuando vence (Reglamento, artículo 13). La petición de revalidación debe presentarse por lo menos treinta días hábiles antes de la fecha de extinción; si algo cambió, el solicitante tiene que actualizar las documentales y requisitos. Cuando el expediente está incompleto, la Dirección puede prevenir y da diez días para subsanar; sin respuesta, la solicitud se desecha (artículos 9 y 10).

La solicitud inicial identifica a la persona física o moral, domicilio para notificaciones en Zacatecas, matriz y sucursales, además de la modalidad solicitada y las actividades que realizará (artículo 8). El artículo 9 suma, entre otros, acta constitutiva o nacimiento, poderes, alta patronal, afiliación al IMSS de cada elemento y pago de derechos. La Dirección puede practicar visitas de revisión para verificar lo declarado (artículos 11 y 12).

La ley y el reglamento no usan el mismo nivel de detalle para nombrar a la autoridad. La Ley atribuye competencia a la Secretaría; el Reglamento dice que ésta autoriza a través de la Dirección. El portal institucional de la Dirección de Empresas de Seguridad Privada confirma que esa unidad recibe autorizaciones y revalidaciones, cuenta con departamentos de Registro y Verificación y publica modalidades administrativas. Es la ventanilla corroborada; no convierte a la página en una reforma de la Ley.

La responsabilidad por daños no es una fianza con monto legal

Al revisar una propuesta es fácil convertir cualquier garantía en “la fianza estatal”. En Zacatecas esa afirmación no está respaldada por el régimen localizado. El Capítulo XIX de la Ley y el Reglamento de 2018 no imponen póliza de fianza ni fijan un monto, un múltiplo de UMA, una beneficiaria o una fórmula para obtener autorización o revalidación.

Lo que sí dice el Reglamento es que el prestador responde solidariamente por los daños y perjuicios que ocasione su personal a usuarios o terceros (artículo 16, fracción IX). Esa responsabilidad existe aunque no aparezca una fianza en el texto. Si el proveedor exhibe una póliza, conviene distinguir qué cubre, a favor de quién fue emitida, vigencia, exclusiones y si pertenece a una obligación contractual, civil o administrativa distinta. No corresponde afirmar que su importe sea el exigido por Zacatecas sin fundamento escrito de la Dirección.

El expediente del elemento también debe hablar de capacitación

La revisión estatal no termina en los documentos de la empresa. El artículo 15 pide, para personal directivo, administrativo, técnico y operativo, datos de identificación; para el operativo, carta de antecedentes no penales, examen antidoping y fotografía. Las altas y bajas deben informarse a la Dirección dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes (artículo 16, fracción XI). Cada persona operativa debe portar una cédula de identificación visible durante el servicio (artículo 21).

La capacitación tiene una evidencia particular: programa permanente, contenidos aplicables al servicio, currículo y constancias de quien capacita. Las constancias deben contener al menos nombre, fecha y duración, y el Reglamento identifica los formatos DC-3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (artículo 15, fracción X). Además, el prestador debe dar anualmente cursos de modalidad autorizada y derechos humanos (artículo 24). Una certificación anunciada como SETEC no existe; la distinción entre DC-3, DC-5 y EC0060 de CONOCER está explicada en esta guía sobre la falsa certificación SETEC.

El uniforme ofrece otra comprobación práctica. Debe llevar de forma visible la denominación o emblema del prestador junto con “Seguridad Privada”, y no puede usar elementos que lo confundan con fuerzas públicas o armadas (artículo 16, fracciones II, IV y V). Esa identificación ayuda a reconocer quién está en el puesto; no sustituye la relación de personal, la modalidad ni la vigencia administrativa.

El Código condominal no delega la decisión de presupuesto a la caseta

El marco condominal aplicable no es una ley especial de propiedad en condominio, sino el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicado originalmente el 31 de agosto de 2019. Entre los bienes comunes enumera locales para administración, portería y alojamiento de portero o vigilantes, así como obras de seguridad (artículo 263). La palabra seguridad aparece, pero no como una facultad expresa que diga “contratar vigilancia”.

La administración cuida bienes comunes, conserva instalaciones y servicios, ejecuta acuerdos de Asamblea y recauda cuotas para gastos comunes (artículo 267). Los asuntos de interés común que no estén dentro de sus facultades corresponden a la Asamblea; ésta conoce las cuentas, aprueba el presupuesto del año siguiente y determina cómo obtener los fondos necesarios (artículo 269). Para asuntos ordinarios, la regla es mayoría de votos del total de condóminos, o de quienes asistan en segunda convocatoria, salvo mayoría especial o unanimidad exigida por la norma aplicable (artículo 270).

El Reglamento de administración y la escritura constitutiva importan aquí tanto como el Código. El artículo 273 ordena que el Reglamento establezca derechos sobre bienes comunes, medidas para administrar el inmueble, convocatoria, designación y facultades del administrador. Antes de convertir un gasto anual en contrato, hay que revisar qué reservan esos dos documentos al administrador y qué requieren que quede asentado en Asamblea.

El Comité de Vigilancia aparece, pero el Código no lo configura

El Código menciona al presidente del Comité de Vigilancia solo “en su caso” para firmar, junto con la administración, la liquidación de adeudos que permite acción ejecutiva civil contra una persona morosa (artículo 277). No establece cómo se integra ese comité ni le asigna facultades operativas, de contratación o de supervisión de guardias. Nombrarlo en un reglamento interno puede crear reglas internas válidas dentro de su alcance, pero no añade por sí solo una atribución estatal de seguridad privada.

La misma norma prevé intereses moratorios y ejecución por cuotas comunes impagas cuando existan tres recibos pendientes. Para el incumplimiento reiterado, la Asamblea puede decidir con 75% de los condóminos demandar la enajenación de derechos (artículos 277 y 278). No se localizó en esos preceptos permiso para suspender agua, electricidad, gas u otro servicio a causa de la mora. La vía de cobro y el acceso a servicios no deben mezclarse en una instrucción dirigida a la caseta.

La ENVIPE obliga a no confundir la colonia con toda la entidad

La ENVIPE 2025 estima 108,241 hogares con al menos una víctima de delito en Zacatecas durante 2024, equivalentes a 21.1% de los 512,199 hogares estimados. Ese dato no describe un condominio individual ni mide el número de denuncias. La cifra oculta, en cambio, estima que 94.2% de los delitos no tuvo denuncia o carpeta de investigación.

Para el entorno próximo, la encuesta reporta 35.2% de personas de 18 años y más que perciben insegura su colonia o localidad; para la entidad federativa completa, reporta 87.3%. Mantener ambas escalas separadas evita usar una percepción estatal como si fuera un diagnóstico de la calle donde está el acceso.

El costo total estimado por inseguridad y delito para hogares fue de 2.2 mil millones de pesos y 42.7% se atribuyó a medidas preventivas. La encuesta incluye, entre otras, alarmas, seguros y contratación de vigilancia privada en calle o colonia. Es contexto para una discusión de presupuesto; no prueba autorización local, capacitación ni capacidad operativa de una empresa.

El mínimo general aplica en toda la entidad

La resolución de salarios mínimos para 2026 enumera los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Zacatecas no aparece; el propio resolutivo ubica al resto de municipios del país en la Zona del Salario Mínimo General.

Desde el 1 de enero de 2026, el piso es $315.04 diarios y $9,582.47 mensuales en toda la entidad. No es una tarifa de vigilancia: una propuesta todavía debe cubrir relevos, prestaciones, supervisión, equipo, administración e impuestos. Pero cualquier presupuesto que trate ese mínimo como opcional necesita una explicación documental antes de llevarse a Asamblea.

La decisión que conviene dejar identificada en el acta

El acuerdo no tiene que resolver con una frase genérica que “se aprueba seguridad”. Debe identificar a la empresa que firma, modalidad de vigilancia en inmuebles, número y vencimiento del acto estatal, áreas que cubrirá, presupuesto, responsable de recibir reportes y quién puede cambiar una consigna de acceso. Esos campos permiten que el acta, el contrato y la autorización se revisen como un solo expediente sin dar a la administración una competencia que el Código no le atribuye expresamente.

Para conservar esa revisión durante el contrato, sirve separar la autorización y revalidación de la orden de puesto, relación del personal, DC-3 y evidencia mensual de altas o bajas. La guía de documentación mínima de seguridad en condominio explica cómo ordenar esos comprobantes sin guardar datos personales que el comité no necesita.

La decisión que debe quedar escrita es verificable: qué proveedor fue elegido, qué permiso cubre el puesto, cuándo vence, qué evidencia recibirá la administración y qué órgano revisará el cumplimiento. Si alguno de esos elementos no cabe en el acta, todavía no hay un contrato suficientemente identificable para aprobar.

Fuentes oficiales: Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, P.O. 05-05-2012, última reforma P.O. 10-08-2024 (arts. 119 a 124); Reglamento para el Registro y Revalidación de Empresas de Seguridad Privada, P.O. 18-08-2018 (arts. 3 a 30 y transitorios); Dirección de Empresas de Seguridad Privada de la SSP; Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, P.O. 31-08-2019 (arts. 263 y 266 a 278); ENVIPE 2025, Zacatecas, INEGI; resolución de salarios mínimos 2026, DOF 09-12-2025.